El próximo mes de febrero marcará un hito significativo para las víctimas de abusos sexuales en el contexto de la Iglesia en España, ya que podrán comenzar a presentar sus solicitudes de reparación económica. Este avance se gestó a raíz de un convenio firmado recientemente entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), centrado en aquellos casos que no pueden ser resueltos por vías judiciales debido a que los delitos están prescritos o porque el agresor ha fallecido.

De acuerdo con el texto del acuerdo, al que Europa Press ha tenido acceso, se contempla la necesidad de firmar un "convenio de colaboración" entre la CEE, CONFER, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Este paso formalizará el acuerdo y será esencial para activar el plazo de un año, que puede ser prorrogado a dos, durante el cual las víctimas podrán solicitar indemnizaciones.

El acuerdo establece explícitamente que el plazo de vigencia será de un año, con opción a prórroga si las partes lo pactan. Desde la firma del convenio, que deberá realizarse en el mes siguiente, se contará el tiempo para que las víctimas puedan solicitar su reparación. Este compromiso fue rubricado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y los presidentes de la CEE y CONFER, Luis Argüello y Jesús Díaz Sariego, respectivamente.

Asimismo, el documento estipula que será crucial contar con la participación de las víctimas en la elaboración del convenio, que definirá el "estatuto básico" de indemnización, así como los procedimientos para reconocer su condición y los tipos de reparación disponibles, que abarcan aspectos restaurativos, simbólicos y psicológicos, además de la reparación moral que podría extenderse a los familiares de las víctimas.

El establecimiento de este mecanismo se alinea con el compromiso del Gobierno de cumplir con la Ley Orgánica 8/2021, que busca ofrecer una protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, garantizando así la reparación de víctimas de abusos en cualquier ámbito social, tal como se demandaba por la Iglesia.

Luis Argüello, presidente de la CEE, destacó en una rueda de prensa que este acuerdo abre nuevas puertas para la aplicación de la LOPIVI en otros sectores de la sociedad. Aseguró que el texto refleja un compromiso real del Gobierno para abordar la reparación a las víctimas, enfocándose exclusivamente en el ámbito de la Iglesia Católica.

El ministro Bolaños, por su parte, enfatizó que el acuerdo es exclusivamente para las víctimas de abusos sexuales en el contexto eclesiástico y que resalta la responsabilidad del Estado en determinar la cantidad a indemnizar, mientras que la Iglesia se encargará del pago. “El Estado no aportará ningún recurso económico a este proceso”, aclaró.

Además, se menciona que la CEE y la CONFER continuarán operando su propio sistema de reparación a través de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA), aunque reconoce que la Iglesia ha ofrecido ya cerca de dos millones de euros en indemnizaciones, aunque algunas víctimas han manifestado desconfianza hacia este mecanismo.

Con el nuevo procedimiento, las víctimas podrán iniciar sus reclamaciones en una unidad del Ministerio que garantizará su privacidad, enviando posteriormente el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que evaluará cada situación y decidirá la forma de reparación a proponer. La propuesta será revisada por la Comisión Asesora de la Iglesia, que emitirá un informe final sobre el caso.

Este acuerdo, resultado de intensas negociaciones, ha sido respaldado por el Vaticano, que ha reconocido la importancia de fijar criterios de reparación para las víctimas en todo el mundo. Este papel mediador fue mencionado con gratitud por Bolaños, quien también expuso la intención del Ministerio de facilitar modificaciones fiscales relacionadas con las reparaciones reconocidas.

Finalmente, el ministro hizo referencia al periodo para realizar las solicitudes, afirmando que no será un impedimento para las víctimas y que, si es necesario, se pueden extender los plazos establecidos. “Aunque el Estado llegue tarde, hoy se le ofrece a las víctimas la oportunidad de buscar justicia”, concluyó.