El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que lleve a cabo una investigación acerca de la filtración de vídeos de su declaración y la de su exasesor Koldo García, junto con la del supuesto intermediario de la trama, Víctor de Aldama, a la prensa antes de que su propia defensa tuviera acceso a ellos. Ábalos denuncia estar sufriendo lo que él califica de “juicio paralelo” y busca aclarar la situación desde la arena judicial.

Este pedido formal fue realizado a través de un escrito presentado el mismo viernes, y al que ha tenido acceso Europa Press. En este documento, Ábalos, quien fue una figura clave dentro del PSOE, hace referencia a las grabaciones obtenidas de forma voluntaria durante las declaraciones que él, Koldo y De Aldama ofrecieron a la justicia los días 12, 16 y 17 de diciembre. Dicha información salió a la luz pública el jueves por la tarde, generando una gran controversia.

“Los medios de comunicación están llevando a cabo un juicio paralelo del que mi defendido es objeto en esta causa”, afirmó el abogado de Ábalos, señalando el impacto que estas filtraciones tienen en la percepción pública del exministro. La defensa se muestra especialmente molesta, ya que las declaraciones se hicieron públicas antes de que tuvieran acceso a las grabaciones, lo que consideran una violación grave de sus derechos. “El conocimiento de estos datos debería ser, prioritariamente, para el Ministerio Fiscal y las partes involucradas, y no para la prensa”, subraya.

Dado este contexto, Ábalos ha instado al instructor del caso, Leopoldo Puente, a abrir una investigación sobre la filtración que, según él, no es un incidente aislado, sino parte de un patrón que ha estado ocurriendo anteriormente. El propio Ábalos hizo público su reclamo en la red social X, destacando que, irónicamente, su solicitud ya había sido filtrada a los medios antes de que pudiera ser formalmente presentada.

“Desde hace un tiempo se habla constantemente de 'filtraciones', y yo no he sido ajeno a este fenómeno. Hoy solicité al magistrado Leopoldo Puente la apertura de una investigación sobre la divulgación a los medios de las imágenes de mi declaración en el Tribunal Supremo el pasado 12 de diciembre, a pesar de que aún no he recibido la información en el caso Delorme”, comentó Ábalos, evidenciando su descontento con la situación.

Además, el exministro ha interpuesto un recurso de súplica en el que solicita la nulidad de la investigación, argumentando que la Sala de lo Penal del TS había requerido formalmente el suplicatorio al Congreso de los Diputados, sin darle a su defensa la oportunidad de presentar un recurso. Según sus explicaciones, el magistrado Puente solicitó el suplicatorio el 18 de diciembre, pero la notificación de esta decisión llegó el 19, por lo que su defensa interpuso el recurso al día siguiente, alegando violaciones de su derecho a la inmunidad parlamentaria.

El recurso inicial de Ábalos cuestionó la legalidad de la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, alegando que interceptaron un sobre dirigido a él sin poder formularse una acusación oficial debido a su estatus de aforado. La defensa equipara esta falta de notificación y respuesta a una vulneración de la tutela judicial efectiva, un argumento que han reiterado ante el magistrado instructor.

Por su parte, el Partido Popular, que ejerce la acusación popular en este caso, se opone a la petición de nulidad presentada por Ábalos. Los ‘populares’ subrayan que el exministro no ha sido objeto de ninguna medida que limite sus derechos fundamentales, asegurando que han respetado las prerrogativas que su condición de diputado implica. Sin embargo, argumentan que la aparición de datos identificativos de Ábalos es resultado de las diligencias de investigación llevadas a cabo en relación a los implicados en la trama.

El PP añade que no se puede ignorar la existencia de indicios que sugieren la implicación de Ábalos en un hecho presuntamente delictivo, y que el aforamiento no debe servir como escudo ante las evidencias. “No se puede aceptar que un acto de investigación presuntamente ilícito perjudique la validez de las pruebas recogidas de manera independiente”, concluyen, reafirmando su postura en el marco de este polémico caso.