En un contexto marcado por los desafíos globales que enfrenta el sector agrícola, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha culminado el proceso de distribución de las ayudas extraordinarias derivadas de la contienda en Ucrania y las severas sequías, alcanzando una cifra total de 1.364 millones de euros. Este esfuerzo representa una inyección vital para los productores afectados por estas crisis.

Recientemente, el Ministerio ha emitido un comunicado donde detalla la publicación de una última resolución que otorga apoyo financiero a los agricultores de frutales y frutos de cáscara. Con esta adición, el monto total de ayudas extraordinarias distribuidas asciende a 82,24 millones de euros, que han beneficiado a un total de 71.011 agricultores, subrayando la magnitud del esfuerzo realizado en pro del sector.

Este anuncio marca el cierre de un ciclo de apoyo que se ha extendido desde mayo de 2022, momento en que el Gobierno activó diversas líneas de ayuda para hacer frente a las adversidades económicas provocadas por la guerra en Ucrania y la prolongada sequía que ha afectado a España. El Estado ha priorizado la protección de los agricultores y ganaderos, que han enfrentado dificultades sin precedentes.

En los números se refleja el compromiso del gobierno: se han desembolsado 1.364,9 millones de euros de un total previsto de 1.382,35 millones, lo que se traduce en un impresionante 98,7% de ejecución. Estas ayudas han sido cruciales y han llegado a 659.490 agricultores y ganaderos, representando un esfuerzo presupuestario sin igual en la historia reciente del apoyo agrario en España.

Según la información proporcionada por el Ministerio liderado por Luis Planas, el 90% de estas ayudas ha sido financiado directamente por los presupuestos generales del Estado, mientras que el 10% restante ha provenido de la reserva agrícola de crisis de la Unión Europea, lo que pone de manifiesto la colaboración necesaria en tiempos difíciles.

De las siete líneas de ayuda que se han establecido, cinco han sido gestionadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que ha administrado el 85% del total de los fondos. Este organismo autónomo ha llevado a cabo la tramitación de las ayudas de manera proactiva, sin que los beneficiarios tengan que presentar solicitudes, basándose en la información de superficies y animales registrada en la Política Agraria Común (PAC).