En Madrid, el 8 de enero de 2024, el empresario Víctor de Aldama ha asumido su responsabilidad en el contexto del caso Koldo, un escándalo que involucra la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante la crisis sanitaria. Aldama enfrenta cargos por organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada mientras se prepara para su juicio.

En su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, De Aldama ha solicitado a la Fiscalía que reevalúe su solicitud de pena de 7 años de prisión en reconocimiento a su colaboración activa con las autoridades judiciales. La Fiscalía Anticorrupción ha recomendado que se le condene, pero ha manifestado que su confesión podría atenuar su castigo en comparación con otros acusados, como el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Aldama ha reconocido los cargos contra él, aceptando ser culpable de organizar una estructura criminal y de cohecho pasivo, así como del uso indebido de información privilegiada. Este reconocimiento se produce en un contexto en el que su defensa busca una mayor compasión en la imposición de la pena, argumentando que su confession debería ser considerada un factor atenuante significativo.

Su abogada sostiene que el empresario comenzó a colaborar con la investigación de manera anticipada, lo que ha contribuido a aclarar varios aspectos del mismo caso. Según sus defensores, esta colaboración proactiva se ha materializado en la entrega de documentos, declaraciones judiciales y reconocimiento de su actividad delictiva, lo que ha sido clave para entender el papel de otros involucrados.

Además, se ha solicitado que en el juicio declaren como testigos diversos empresarios y colaboradores que podrían aportar información relevante al proceso. Entre ellos se encuentran Juan Carlos Cueto, señalado como comisionista en la trama, y Claudio Rivas, identificado como supuesto líder de una red delictiva relacionada con el sector de los hidrocarburos.

La defensa también ha solicitado la comparecencia de varias personales cercanas al exministro Ábalos, incluyendo familiares y personas de su círculo personal, como su hijo y algunas personas con las que supuestamente mantuvo relaciones. Del mismo modo, se ha pedido que la esposa y el hermano de Koldo García sean llamados a testificar.

La Fiscalía Anticorrupción ha sido contundente en sus demandas, pidiendo penas de hasta 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo, y 7 años para Aldama. Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, han elevado sus peticiones, exigiendo hasta 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, mientras que para Aldama, han mantenido la misma solicitud que el Ministerio Público.