La declaración de Jorge Meana, ex jefe de Presupuestos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha revelado que no existían actas de entrega y recepción de todas las mascarillas adquiridas a la empresa vinculada a la trama, Soluciones de Gestión.
Según fuentes jurídicas, Meana respaldó lo que ya había declarado ante las inspectoras del Ministerio de Transportes durante la auditoría de los expedientes investigados, admitiendo la ausencia de actas de entrega de los productos a Puertos del Estado, Correos, Comunidades Autónomas y empresas ferroviarias, así como la falta de actas individualizadas a los transportistas por parte de Correos.
En la misma línea, el presidente de Raminatrans, Rafael Milla, también ha declarado sobre el papel de su empresa en la distribución de las mascarillas adquiridas. Cabe destacar que su empresa fue seleccionada tras la recomendación del entonces presidente de Puertos, Francisco Toledo.
Milla señaló que no estuvo directamente involucrado en el asunto, ya que delegó esa responsabilidad en dos personas del grupo empresarial. Además, destacó que ofreció documentación relevante al juzgado, incluyendo los nombres de las personas encargadas, aunque aún no la ha presentado formalmente.
Por otro lado, el ex secretario general y del Consejo de Correos, Julio González, explicó que a pesar de haber acordado una compra de mascarillas con Soluciones de Gestión, finalmente la operación se canceló al considerar que ya tenían suficientes existencias y no era necesario adquirir más.
Sobre la falta de actas en el traslado de las mascarillas a cargo de Correos, González manifestó que sí existen albaranes y mencionó un certificado que detallaba la cantidad de mascarillas recogidas y distribuidas, así como el excedente ofrecido al Ministerio de Sanidad, el cual fue rechazado por no ser necesario.
El proceso que se está llevando a cabo en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional investiga ocho contratos adjudicados por distintas entidades públicas por un total de 51.998.434 euros.
En el centro de la investigación se encuentra Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, y otras personas implicadas en una presunta trama de corrupción relacionada con adjudicaciones para la venta de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de delitos como organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos fiscales y tráfico de influencias.
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