El Tribunal de Cuentas (TCu) se verá obligado a perdonar hasta 5 millones de euros en responsabilidad contable a unos 35 ex altos cargos catalanes si se aprueba la proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán. Esta amnistía estaría relacionada con el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat. Sin embargo, la ley no afectaría al dinero abonado por el expresidente Artur Mas y otros cargos condenados por los gastos de la consulta del 9-N, que ascendieron a 4,9 millones de euros.
El texto de la proposición establece que las responsabilidades civiles y contables, incluyendo las que estén siendo tramitadas en el Tribunal de Cuentas, quedarían extinguidas, excepto aquellas ya declaradas en una sentencia firme y ejecutada. Según fuentes jurídicas consultadas, esto abarcaría el caso que se está llevando a cabo contra Carles Puigdemont y otros 34 exmiembros del Govern, pero no tendría efecto en la causa del 9-N, que ya tiene sentencia firme.
Artur Mas fue condenado a abonar 4,9 millones de euros más intereses por el Tribunal de Cuentas debido a la consulta de noviembre de 2014. Según las fuentes consultadas, la proposición no contempla la devolución de ninguna multa ya pagada. Aunque algunas voces sugieren que se podría interpretar de otra manera, ya que la condena a Mas aún está pendiente de resolución en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Las fuentes legales subrayan el apartado segundo del artículo 8 de la propuesta, que establece que, independientemente de lo anterior, se mantendrá la responsabilidad civil por los daños sufridos por los particulares. Esto significa que aún se podrían presentar demandas civiles para reclamar daños.
La propuesta de amnistía incluye los actos que formaron parte del "procés" desde enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2021, abarcando eventos como la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los disturbios posteriores a la sentencia del "procés" en 2019.
Según la propuesta, los actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable relacionados con las consultas celebradas en Cataluña quedarían amnistiados. Esta amnistía sería aplicada en cualquier fase del proceso por el Tribunal de Cuentas.
En conclusión, la propuesta de ley para amnistiar al independentismo catalán implicaría el perdón de responsabilidad contable para 35 ex altos cargos, aunque no afectaría a la condena a Artur Mas por los gastos del 9-N. Además, existe la posibilidad de presentar demandas civiles para reclamar daños. La propuesta abarcaría un periodo de más de una década y se espera que tenga un impacto en el caso pendiente de juicio contra Carles Puigdemont y otros 34 exmiembros del Govern.