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Asociaciones de consumidores aplauden sanción récord a aerolíneas low cost por abusos

Asociaciones de consumidores aplauden sanción récord a aerolíneas low cost por abusos

Madrid, 31 May.

Las organizaciones de consumidores españolas han aplaudido la histórica multa de 150 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a las aerolíneas Ryanair, Easyjet, Vueling y Volotea por prácticas abusivas hacia los pasajeros.

Estas sanciones también incluyen otras tres prácticas ilícitas: el cobro por selección de asiento cuando se viaja con personas dependientes, como discapacitados y niños pequeños, que al igual que el asunto del equipaje de mano ha sido clasificado como infracción muy grave.

Además, se han identificado otras dos infracciones calificadas como graves: prohibir el pago en efectivo en la compra de billetes en los aeropuertos y la falta de transparencia en la información contractual sobre precios, lo que dificulta la comparación entre ofertas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha expresado su satisfacción al ver que el Ministerio coincide con las denuncias realizadas por la organización y espera que estas multas sirvan de ejemplo para otras autoridades europeas y compañías que realizan prácticas abusivas.

Esta organización ha lanzado una campaña para asistir a los afectados y ayudarles a reclamar si han sido objeto de cláusulas abusivas según lo determinado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo.

En detalle, el Ministerio considera contrarias a la normativa de consumo la tarificación adicional por la reserva del asiento contiguo para acompañar a menores de edad o personas dependientes; el cobro extra por el transporte de equipaje de mano en cabina; la falta de transparencia en la información precontractual sobre el precio final del servicio; la prohibición de pago en efectivo tanto en el aeropuerto como a bordo de la nave; y el cobro de un suplemento de 20 euros por reimpresión de la tarjeta de embarque en el aeropuerto, sancionado solo en el caso de Ryanair.

OCU ha resaltado que, con la multa de 150 millones de euros y la imposibilidad de continuar con estas prácticas como sanción accesoria, concluye el expediente abierto en junio de 2023 para investigar si las prácticas de estas compañías son abusivas o desleales y si violan de manera generalizada la normativa de consumo.

Facua también ha valorado positivamente este hito histórico en la protección de los derechos de los consumidores llevado a cabo desde el Ministerio de Pablo Bustinduy.

"Han sido casi seis años luchando para que las autoridades actúen contra prácticas que han permitido a las aerolíneas aumentar ilícitamente sus beneficios y finalmente lo hemos logrado", indicó Rubén Sánchez, secretario general de la asociación, animando a los usuarios afectados a reclamar su dinero.

La organización ha recordado a los consumidores su derecho a solicitar el reembolso de estos cargos adicionales y ha instado a interponer denuncias en caso de respuestas negativas de las aerolíneas, sin necesidad de costes adicionales para cantidades inferiores a 2.000 euros.

La aerolínea que recibió la multa más alta fue Ryanair, seguida por Vueling, EasyJet y Volotea. Estas son las primeras multas impuestas por la autoridad de Consumo del Gobierno de España desde que asumió dicha competencia en mayo de 2022.

Las sanciones también son las más altas impuestas por una autoridad de protección al consumidor en la historia. La multa impuesta a Ryanair supera con creces las cantidades de las multas anteriores más altas hasta la fecha, como las impuestas a Unicaja y la Comunidad de Madrid.

Facua argumentó que el cobro por el equipaje de mano vulneraba la legislación del sector aéreo y la defensa de los consumidores en sus denuncias ante el ministerio y las autoridades autonómicas de consumo.

La asociación advierte que estas prácticas violan la Ley de Navegación Aérea y el Real Decreto Legislativo de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, al establecer estipulaciones abusivas que generan un desequilibrio significativo en los contratos.