El Defensor del Profesor de ANPE ha denunciado el creciente aumento de agresiones a docentes en los centros educativos, llegando incluso a utilizarse armas blancas. Según el informe Estatal del Defensor del Profesor, durante el curso 2022-2023 se llevaron a cabo 1.947 actuaciones, de las cuales el 7% correspondieron a agresiones de alumnos a profesores, un punto porcentual más que en el año anterior. Además, se mantuvo un 3% de agresiones de padres a docentes.
Uno de los datos más alarmantes del informe es que solo el 7% de los profesores utiliza el servicio para informar de agresiones, una cifra considerada "gravísima". Ante esta situación, el Defensor del Profesor realiza un llamamiento para que cualquier agresión sea sancionada de manera inmediata como falta muy grave, con expulsión y cambio de centro como medida disciplinaria.
Teresa Hernández Jiménez, coordinadora estatal del servicio del Defensor del Profesor, ha mostrado su preocupación por la presencia de armas blancas en los centros educativos y ha afirmado que es inconcebible que ocurra siquiera un solo caso de agresión. La salud de los alumnos debe ser una prioridad y se debe prestar atención a este problema.
El informe también destaca el aumento de la complejidad de los casos, donde se incluyen factores como el ciberacoso, las falsas acusaciones a docentes, agresiones físicas y acoso encubierto que se normaliza. Entre los problemas más reportados por los docentes se encuentran las faltas de respeto por parte de los alumnos, dificultades para impartir clases y falsas acusaciones.
El Defensor del Profesor también ha observado un aumento de casos relacionados con la digitalización, como el ciberacoso al profesor, suplantación de identidad en redes sociales para ridiculizarlo, envío de amenazas y presiones para subir las notas. Además, destaca el preocupante aumento e intensidad de los casos de violencia física.
Por otro lado, se ha criticado la falta de implantación de la figura del Coordinador de Bienestar en algunos centros educativos. El Defensor del Profesor señala que en algunas comunidades autónomas no se ha dejado espacio horario ni se ha proporcionado reconocimiento económico para este cargo, lo cual es una deficiencia en la normativa estatal.