En un paso significativo hacia la dignificación del empleo público, más de 3,5 millones de trabajadores del sector público verán un aumento fijo del 1,5% en sus salarios a partir del 1 de enero de este año. Este ajuste podría incrementarse hasta un 0,5% adicional, siempre que la inflación a finales de 2026 iguale o supere la subida acordada. Esta medida es parte de un acuerdo más amplio que busca mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos en España.

El acuerdo ha sido firmado por el Ministerio de Función Pública, junto con los sindicatos UGT y CSIF, y más tarde se unió CCOO. Bajo el marco del 'Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía', se establece un aumento salarial del 11% programado para el periodo 2025-2028, lo que sienta las bases para un futuro más prometedor para los funcionarios.

Para el año 2025, se ha acordado una subida salarial consolidable del 2,5%. La revalorización de este año es solo el comienzo, con la posibilidad de un incremento adicional basado en la inflación que se experimentará en un futuro cercano, garantizando que este aumento se refleje en los primeros meses de 2027, en caso de cumplirse las condiciones previstas.

Este aumento de 2026 será el único que se componga de un elemento fijo y uno variable; las sucesivas revalorizaciones se mantendrán en términos fijos, estableciendo una subida del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028. Aunque la subida acordada para el cuatrienio es del 11%, se estima que el incremento real podría alcanzar un 11,5% gracias al efecto acumulativo de los aumentos anuales.

La aprobación de este aumento salarial se consolidó en diciembre del año pasado, cuando el Congreso dio su visto bueno al decreto ley que establece estas medidas, con la única oposición del partido Vox, mientras que otros grupos se abstuvieron o apoyaron la iniciativa. La legislación se centra en la revalorización necesaria para asegurar el bienestar de quienes trabajan en el sector público.

El decreto ley extenderá sus efectos a todas las administraciones públicas, lo que incluye no solo al sector estatal, sino también al autonómico y local. En virtud de esta normativa, el incremento correspondiente al año 2025 se hizo efectivo en diciembre, permitiendo el pago retroactivo desde enero de ese año.

Cada administración es responsable de establecer el calendario para la liquidación de los salarios y atrasos correspondientes a 2025, adaptándose a las negociaciones sindicales en cada ámbito. Las sumas adeudadas pueden distribuirse durante los años 2026, 2027 y 2028, o ser abonadas en diciembre de este año.

Además, el Ministerio de Función Pública anunció su compromiso de iniciar negociaciones para la implementación de una jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado, con el objetivo de implementarla entre febrero y marzo. Al mismo tiempo, se prevé regular el teletrabajo en el sector público, reafirmando el compromiso del Gobierno con la modernización de las condiciones laborales.

Asimismo, se ha creado una comisión dedicada a supervisar la implementación de lo acordado en el último marco de mejora del empleo público, en colaboración con UGT, CSIF y CCOO. Entre las mejoras incluidas en el acuerdo se destacan la eliminación de la tasa de reposición y la optimización de los procesos de selección, así como el fortalecimiento de las plantillas en atención al público.

El acuerdo también prevé la revisión de la clasificación de los puestos de trabajo, alineándola con las funciones reales y promoviendo procesos de promoción interna. Se impulsará el establecimiento de un concurso abierto y permanente para fomentar el avance profesional de los empleados públicos.

El documento contempla, además, la revisión y ajuste de complementos de residencia e insularidad, así como indemnizaciones por razón de servicio, con el fin de eliminar disparidades entre los empleados públicos. Se garantizarán mejoras en los permisos, promoviendo la conciliación, y se reforzará la protección de la salud laboral, ofreciendo apoyo psicológico ante situaciones de riesgo. También se abordarán mejoras en la jubilación y la calidad del sistema de salud de los funcionarios.