El 9 de enero de 2024, en Madrid, el panorama de la pobreza en España ha sido un tema de preocupación urgente entre los responsables gubernamentales. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han denunciado lo que consideran cifras "inaceptables" de pobreza, con un énfasis especial en la alarmante pobreza infantil que afecta a uno de cada tres niños y niñas en el país. Ambos ministros han hecho un llamado a la implementación de una Prestación Universal por Crianza como una medida urgente para combatir esta situación.

Durante la presentación de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, Bustinduy subrayó que "no podemos normalizar que uno de cada tres niños vivan en situación de pobreza". Este evento, que se llevó a cabo el pasado jueves, tuvo la participación activa de Sira Rego, quien también se mostró alarmada por la gravedad de la situación actual.

La estrategia presentada constituye un plan a largo plazo que el Gobierno se propone seguir con el objetivo de "erradicar la pobreza en España". Bustinduy enfatizó que la pobreza es el principal desafío político y social del país, describiendo los índices de riesgo de pobreza y exclusión social como "inasumibles e inaceptables". Estos niveles, que en 2023 eran cinco puntos superiores a la media europea, alcanzan un 34,5% en el caso de la pobreza infantil, lo que deja a España casi diez puntos por encima del promedio de la Unión Europea.

En este contexto desolador, Bustinduy defendió la creación de la Prestación Universal por Crianza, una propuesta en discusión en torno a los próximos Presupuestos Generales del Estado. Esta medida es parte de una visión más amplia que busca atacar las raíces de la pobreza en el país, y se complementa con la necesidad urgente de intervenir en el mercado de la vivienda, un aspecto crucial para la estabilidad económica de muchas familias.

Sira Rego se unió a las observaciones de Bustinduy, repitiendo que "no podemos seguir normalizando imágenes" inaceptables, como la de una niña que llega a la escuela sin desayunar o el dilema de las familias que deben elegir entre alimentar a sus hijos o pagar el alquiler. En un clima político caracterizado por la polarización, la ministra hizo un llamado a adoptar "medidas ambiciosas y transformadoras" para cambiar esta realidad.

La nueva estrategia abarca 54 líneas de acción que serán detalladas a través de un plan operativo anual gestionado por el Ministerio de Derechos Sociales, que trabajará mano a mano con otros ministerios implicados. Este plan incluirá medidas concretas, acompañadas de sus respectivas dotaciones presupuestarias, para asegurar su eficacia y alcance.

Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, explicó que el enfoque de la estrategia se estructura en cuatro retos principales. El primero de ellos busca garantizar recursos para la ciudadanía mediante políticas que aseguren ingresos mínimos y acceso a una vivienda digna, con énfasis especial en la prevención de desahucios y la lucha contra la pobreza energética.

Además, este primer reto contempla la revisión del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), buscando aumentar tanto las cuantías de las prestaciones como el número de beneficiarios. El segundo reto se orienta hacia "la inversión social en las personas", enfocándose en transformar la vulnerabilidad en oportunidades mediante la educación y la integración laboral, promoviendo la igualdad y combatiendo la discriminación.

El tercer objetivo consiste en fortalecer el estado de bienestar y la protección social, creando una red de apoyo social que favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, con especial atención a las mujeres y a las familias en situación de vulnerabilidad. Esto incluye el acceso a servicios esenciales como comedores escolares saludables y asistencia en salud mental.

La estrategia también enfatiza la importancia de desarrollar alianzas y mejorar la coordinación en las políticas sociales para maximizar su eficacia. Esto implica fomentar la participación activa de todos los actores en el diseño y evaluación de iniciativas que busquen combatir la pobreza y la exclusión social.

En el acto de presentación, Gema Gallardo, directora de la asociación Provivienda, advirtió que "5,5 millones de hogares en España están en situación de exclusión residencial", poniendo de manifiesto la gravedad de la crisis habitacional. Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, reveló que 870.000 niños y niñas viven en carencia material severa y urgió a que la Prestación Universal por Crianza sea implementada "a corto plazo".

Finalmente, Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa, expresó su deseo de que la estrategia fuese "más ambiciosa". Sin embargo, aplaudió lo que calificó como "un paso de gigante" y no dudó en señalar la inaceptable situación de los menores migrantes solos en Canarias, denunciando la falta de responsabilidad de algunas comunidades autónomas en este contexto.