En la ciudad de Cádiz, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado que el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC este verano para una "financiación singular" de Cataluña implica la cesión de la recaudación del IRPF a la administración catalana, con la posibilidad de extender esta medida a otros impuestos en el futuro.

Antes de presidir la conmemoración del 95 Aniversario de la Zona Franca de Cádiz, Montero ha respondido a preguntas sobre si el acuerdo implica la transferencia del 100% de los impuestos a Cataluña, señalando que el pacto refleja la voluntad de ciertos partidos políticos en el autogobierno y cómo se puede apoyar este proceso.

La ministra ha explicado que la intención es que gradualmente se transfiera la recaudación de la mayoría de los impuestos de Cataluña a la administración de la región, comenzando con el IRPF según lo establecido en el acuerdo. Todo lo que no esté especificado en el pacto aún está sujeto a discusión y será definido mediante normativas adicionales.

En relación con la negociación sobre los impuestos cedidos a Cataluña, Montero ha mencionado que esto aún no ha sido decidido más allá de lo estipulado en el acuerdo y que el proceso de implementación requerirá de leyes y normativas específicas en diferentes niveles.

Desde el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, Montero ha asegurado que la financiación singular propuesta para Cataluña no afectaría la financiación de otras comunidades autónomas, y que se llevará a cabo un diálogo tanto bilateral como multilateral con todas las regiones.

La ministra ha destacado que el objetivo del Gobierno es inspirarse en este acuerdo para avanzar en la reforma del modelo de financiación, criticando al PP por su falta de propuestas en este sentido y su negativa a colaborar en discusiones sobre el tema, lo que ha llevado a un estancamiento en el proceso de reforma.

En particular, Montero ha cuestionado las posturas del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), acusándolo de demonizar la relación bilateral a pesar de que el Estatuto de Autonomía de Andalucía establece claramente este tipo de interacción en la revisión y aprobación de reformas en el modelo de financiación.