En una reciente declaración, el Ministerio de Comercio de China ha expresado su firme oposición a las investigaciones emprendidas por la Unión Europea, al considerar que estas indagaciones en torno a las empresas chinas, vinculadas a las normativas de subvenciones extranjeras, representan un serio obstáculo para el comercio y la inversión. Las autoridades chinas advierten que tales acciones no solo pueden dañar los intereses del bloque europeo, sino también afectar a sus Estados miembros y, en consecuencia, a los ciudadanos de los Veintisiete.

La postura de Pekín se dio a conocer durante la presentación de los resultados de una investigación iniciada el pasado mes de julio, motivada por la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos. Este análisis se centró en las medidas adoptadas por la UE en relación con las empresas chinas bajo el Régimen de Subvenciones Extranjeras.

El Ministerio de Comercio afirmó que las prácticas de la UE, en el marco de su investigación a empresas chinas conforme al mencionado Reglamento, se encuentran en las circunstancias descritas en el artículo 3 de las Normas relativas a las indagaciones sobre obstáculos al comercio exterior. En este contexto, se considera que tales iniciativas constituyen barreras que limitan el libre comercio y la inversión internacional.

En un documento de 22 páginas, el Ministerio expone que las medidas investigadas tendrán repercusiones negativas para los intereses generales de la UE, así como para sus Estados miembros y la población europea. Según el análisis, las indagaciones bajo las normas de subvenciones extranjeras son incompatibles con la implementación eficiente de políticas relevantes de la UE y obstaculizan el crecimiento económico sostenido en la región.

El Ministerio alerta además que como consecuencia de estas investigaciones, las empresas chinas podrían ver forzada su retirada o una reducción de inversiones en áreas clave dentro de la UE. Esta situación podría entorpecer el avance de los Veintisiete hacia el establecimiento de una economía verde, además de dificultar el cumplimiento de los objetivos de emisiones netas cero marcados por la UE.

Específicamente en el sector de la energía limpia, el Gobierno chino argumenta que las firmas de su país pueden ofrecer productos de alta calidad y a precios accesibles, contribuyendo de manera significativa al desarrollo ecológico global. Esta aseveración contrasta con las sanciones impuestas por la Comisión Europea a empresas chinas que participan en proyectos de energía limpia en el entorno de contratos públicos.

Asimismo, se destaca que las indagaciones bajo las normativas de subvenciones extranjeras han incrementado considerablemente la incertidumbre en la cooperación económica y comercial entre China y la UE, deteriorando el clima de colaboración que había existido entre ambas partes.

Desde el punto de vista chino, el enfoque utilizado por la UE en cuanto a estas subvenciones envía una señal inquietante a la comunidad internacional, lo cual perjudica tanto la confianza de las empresas extranjeras en el mercado europeo como el ambiente comercial general dentro de la UE. Esta situación se percibe como una amenaza a la cooperación económica y comercial entre China y Europa.

El impacto de las indagaciones se manifiesta no solo en una percepción negativa, sino también en consecuencias tangibles. Según los hallazgos del Ministerio de Comercio, un abrumador 93% de los participantes en una consulta opina que estas medidas han restringido o dificultado la entrada de empresas, productos e inversiones chinas en el mercado europeo.

En términos de efectos económicos, se estima que la investigación relacionada con el Reglamento de Subvenciones Extranjeras ha imposibilitado a las empresas chinas avanzar en proyectos de licitación, resultando en pérdidas que se estiman en aproximadamente 7.600 millones de yuanes (alrededor de 1.004 millones de euros), además de un daño adicional a otros proyectos por un valor que supera los 8.000 millones de yuanes (aproximadamente 1.057 millones de euros).