En un giro significativo en las relaciones comerciales entre China y Japón, el Ministerio de Comercio de China ha decidido emprender una investigación sobre prácticas consideradas desleales en la importación de diclorosilano (DCS), un gas crucial en la producción de tecnología avanzada y energía solar. Esta acción, que se inscribe dentro de un marco antidumping, pone de manifiesto las tensiones existentes entre ambas naciones.

La investigación se inicia tras la solicitud de la empresa china Tangshan Sanfu Electronic Materials, que argumenta que la importación de DCS desde Japón ha visto un incremento notable en su volumen, acompañado de una caída del precio del 31% entre 2022 y 2024. Las autoridades chinas sugieren que estas prácticas han impactado negativamente a la industria local, poniendo en riesgo su viabilidad operativa.

El proceso de investigación abarca un periodo que va desde el 1 de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2025, con la expectativa de que los resultados se hagan públicos para enero de 2027, aunque podría extenderse si se presentan circunstancias particulares. Un portavoz del Ministerio enfatizó la intención de llevar a cabo una investigación justa y objetiva, protegiendo los derechos de todos los involucrados.

Este desarrollo ocurre en el contexto de un incremento de las fricciones comerciales entre las dos potencias asiáticas, especialmente después de que China anunciara una intensificación de los controles sobre exportaciones de productos de doble uso hacia Japón. Este movimiento busca proteger la seguridad nacional de China ante lo que percibe como actitudes provocativas de líderes japoneses respecto a Taiwán.

El Ministerio de Comercio ha destacado que estas restricciones son una respuesta lógica a las "declaraciones engañosas" de la parte japonesa, que incluyen insinuaciones sobre posibles intervenciones militares. Desde la perspectiva de Pekín, esto representa una inaceptable intromisión en sus asuntos internos.

En este contexto, China ha decidido prohibir la exportación de artículos de doble uso a entidades militares en Japón, subrayando que cualquier incumplimiento de esta normativa por parte de individuos o entidades de cualquier país podría resultar en consecuencias legales. Esta medida refleja la seriedad con que China toma las amenazas percibidas a su soberanía y seguridad nacional.