MADRID, 18 de noviembre.

El Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio de Inclusión se reunió este lunes para abordar, en su segunda sesión, la imperante necesidad de establecer "protocolos mejorados" destinados a la detección de casos de violencia de género, así como de trata y explotación de colectivos particularmente vulnerables, siendo las mujeres migrantes uno de los grupos más afectados.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó la complejidad de la violencia dirigida a mujeres migrantes y refugiadas, una problemática que se ve intensificada por su condición de vulnerabilidad extrema. Si bien los protocolos de actuación existentes ya consideran estas circunstancias, Saiz destacó que aún hay mucho trabajo por delante para abordar adecuadamente esta cuestión crucial.

En este marco, la ministra hizo hincapié en que España ha implementado protocolos específicos, como los que se utilizan en el Aeropuerto de Barajas y en los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), los cuales podrían ser replicables en otros puntos de atención. "Hemos habilitado 300 plazas de acogida especializadas para víctimas de trata y hemos formado a más de 500 profesionales en este ámbito entre 2022 y 2024", relató Saiz, enfatizando así el compromiso del gobierno.

El Consejo también discutió las dificultades particulares que enfrentan las mujeres migrantes en su proceso de integración. La ministra apuntó que estas mujeres sufren una discriminación múltiple que emana de una combinación de su género, nacionalidad, raza, religión, situación administrativa irregular, así como de barreras culturales y lingüísticas, y la falta de redes de apoyo. “Es vital reconocer y combatir estas múltiples formas de exclusión”, afirmó Saiz.

En esta reunión, que también contó con la participación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se propuso la necesidad de revisar la prestación por incapacidad temporal desde un enfoque de género, además de abordar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que sugiere una ampliación del permiso de nacimiento para familias monoparentales, otorgando diez semanas adicionales a las 16 actualmente disponibles, buscando así garantizar el interés superior del menor.

“Debemos considerar esta cuestión crucial desde la perspectiva de género, dado que las mujeres, que a menudo se ven obligadas a lidiar con dobles jornadas laborales y responsabilidades de cuidado, enfrentan obstáculos significativos al intentar reintegrarse al mercado laboral tras una baja. Ofrecer un sistema de Incapacidad Temporal flexible y adaptado es esencial para avanzar hacia la igualdad real y para apoyar a quienes más lo necesitan”, resaltó Saiz.

Referente a la prestación de nacimiento para familias monoparentales, la ministra insistió en que las políticas deben progresar hacia la justicia social. “El interés superior del menor es fundamental, al igual que la necesidad de eliminar las brechas de género y asegurar que las mujeres no queden excluidas del entorno laboral”, concluyó.

El Consejo Asesor de Brecha de Género, creado en mayo de este año, tiene como misión asesorar en la formulación de políticas públicas desde un enfoque de género, especialmente aquellas que busquen reducir la brecha existente. También se le ha encomendado la tarea de propiciar iniciativas que cierren las brechas alimentadas por los roles de género tradicionales que aún perduran. En su primera reunión, el Consejo acordó que las instalaciones de la Seguridad Social se integren en la red de Puntos Violeta, una iniciativa promovida por el Ministerio de Igualdad.