"Destacadas figuras como Garzón, Rosell y Pérez Royo se unen en un manifiesto por la no intervención en Venezuela."
Un amplio grupo de destacados juristas ha hecho un fuerte llamado a la comunidad internacional en rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Entre los firmantes se encuentran el exmagistrado Baltasar Garzón, la juez y exdelegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, y el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo. Esta carta, que ha sido suscrita por más de un centenar de personalidades del ámbito legal, solicita a la ONU que analice las implicaciones jurídicas de estos actos y que implemente las medidas necesarias para asegurar el respeto a la Carta de las Naciones Unidas.
En su manifiesto, los firmantes defienden el principio de la legalidad internacional y expresan su desacuerdo con la detención considerada "ilegal" del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado por fuerzas externas. Destacan que la utilización de la fuerza militar en contra de la integridad y la soberanía de un Estado está expresamente prohibida por el artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que establece normas fundamentales del derecho internacional de carácter imperativo.
Los juristas subrayan que esta prohibición solo permite excepciones bajo dos circunstancias específicas: en caso de legítima defensa, según lo estipulado en el artículo 51 de la Carta, o con una autorización clara del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este contexto, el manifiesto apunta a que no ha habido pruebas claras de un ataque armado previo ni de una amenaza inminente que justifique una posible intervención militar en nombre de la defensa propia. Por lo tanto, cualquier acción unilateral contra Venezuela podría ser considerada como una seria violación de la soberanía nacional y de la obligación de resolver disputas de manera pacífica.
Además, los firmantes del manifiesto advierten que un uso indebido de la fuerza podría encuadrarse en la categoría de "crimen de agresión", tal como indica la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 3314 de la Asamblea General. Resaltan que los actos de agresión son considerados entre las violaciones más severas del orden jurídico internacional, debido a su impacto negativo sobre la paz, la seguridad y los derechos humanos de las naciones.
Asimismo, condenan el arresto de Nicolás Maduro por parte de entidades militares extranjeras, calificando esta acción como "incompatible" con el principio de inmunidad personal que poseen los líderes estatales en funciones, un derecho reconocido por el derecho internacional costumbre.
Por último, el manifiesto hace un llamado directo a los países de la comunidad internacional y a las instancias pertinentes de la ONU para que investiguen los hechos, determinen las consecuencias jurídicas de estas acciones y implementen las medidas necesarias que garantices el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, evitando así crear precedentes que puedan comprometer gravemente el orden jurídico internacional.
Además de Garzón, Rosell y Pérez Royo, otros notables firmantes del texto incluyen al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña y exalcalde, Xulio Ferreiro, magistrados en activo y jubilados, así como catedráticos y expertos en derechos humanos y derecho internacional público.
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