En un acontecimiento que ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana, la Asamblea Nacional ha tomado una decisión histórica al declarar el 8 de diciembre como día de luto nacional. Esta resolución, aprobada este sábado, rinde homenaje a la memoria de cuatro menores que fueron hallados calcinados la semana pasada después de su desaparición durante una operación militar del Ejército en el barrio Las Malvinas, en la capital, Quito.

La medida fue respaldada por una mayoría significativa en el Parlamento, obteniendo 92 votos a favor y 32 abstenciones. Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, enfatizó la urgencia de buscar justicia y luchar contra la impunidad que rodea este trágico evento. Su intervención resuena con el creciente clamor de la ciudadanía por la verdad y la rendición de cuentas.

Los cuerpos de los menores, identificados como Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, respectivamente, junto con sus amigos Nehemías Arboleda y Steven Medina, de 15 y 11 años, fueron descubiertos el 19 de diciembre cerca de la base aérea del Ejército en Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil. La Fiscalía ha confirmado, a través de un comunicado, que los restos calcinados corresponden efectivamente a estos jóvenes desaparecidos.

Ante esta desgarradora situación, la justicia ecuatoriana ha optado por dictar prisión preventiva para 16 miembros del Ejército, quienes son señalados de estar supuestamente involucrados en el delito de desaparición forzada. Esta decisión se basa en el artículo 84 del Código Penal y se sostiene en testimonios de testigos y familiares, así como en pruebas físicas, que incluyen la confiscación de teléfonos de los implicados, revelando así la magnitud del caso.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador (CDH) ha expresado su profunda tristeza por la pérdida de los cuatro menores, señalando que fueron detenidos de manera "arbitraria" por el personal militar. Esta afirmación pone de relieve un tema candente en la actualidad del país y alarma sobre el respeto a los derechos humanos en el contexto de la seguridad nacional.

Este trágico incidente ha generado un debate sobre la militarización del Estado bajo el mandato del presidente Daniel Noboa, quien había declarado el estado de conflicto armado interno en enero de 2024 con el argumento de combatir al crimen organizado. Desde entonces, la intervención del Ejército ha sido fuente de controversia, asociándose a al menos diez desapariciones más, lo que ha llevado a cuestionar la eficacia y la ética en el uso de la fuerza militar dentro de las comunidades.