El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó contundentemente que Nicolás Maduro "no tiene derecho a reclamar la Presidencia", subrayando que el mandatario venezolano "perdió" en las elecciones. Esta declaración se enmarca en un contexto de creciente tensión y medidas punitivas por parte del gobierno de Washington hacia el régimen chavista.

En una movida significativa, el Gobierno de Estados Unidos ha incrementado la recompensa a 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Maduro. Este anuncio se suma a un nuevo conjunto de sanciones dirigidas a funcionarios asociados con el chavismo, en un esfuerzo por respaldar al opositor Edmundo González, a quien Washington reconoce como el "presidente electo" de Venezuela.

Desde la perspectiva del gobierno estadounidense, está "claro" que González debió haber tomado posesión del cargo de presidente tras haber supuesto una victoria en los comicios del pasado 28 de julio. Funcionarios de la Administración Biden sostienen que hay "pruebas irrefutables" de que fue el ganador. En este sentido, han señalado que "Maduro ha demostrado nuevamente su total desprecio por las normas democráticas" al proceder con una investidura que consideran ilegítima.

La nueva recompensa de 25 millones de dólares refleja la máxima cifra establecida para informaciones relativas a individuos acusados de narcotráfico, y también se extiende a Diosdado Cabello, un ministro del Interior y figura prominente del régimen chavista. Además, se ha puesto sobre la mesa una recompensa de hasta 15 millones de dólares para el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reforzando así la presión sobre los principales actores del gobierno venezolano.

Sumado a esto, la Administración Biden ha manifestado su intención de ampliar las restricciones de viaje a personas implicadas en la represión y en el proceso electoral. El Tesoro de Estados Unidos ha implementado un nuevo paquete de sanciones económicas que afectan a altos funcionarios del gobierno y a empresas estatales, un acto que Washington considera un gesto de "solidaridad" hacia el pueblo venezolano.

Entre los sancionados se encuentran el ministro de Transporte, Ramón Celestino Velásquez, el viceministro del Interior, Féliz Ramón Osorio Guzmán, así como efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). También figura Héctor Andrés Obregón Pérez, presidente de la petrolera estatal PDVSA.

Las sanciones implican la congelación de activos que las personas afectadas tengan bajo dominio estadounidense, así como restricciones en las relaciones comerciales. Washington ha enfatizado la importancia de coordinar estas medidas con aliados internacionales como la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, buscando aumentar la presión sobre el régimen venezolano.

Finalmente, Blinken recalcó en redes sociales que "el pueblo venezolano y el mundo saben que Nicolás Maduro perdió las elecciones presidenciales". Con determinación, agregó que "no tiene derecho a reclamar la Presidencia hoy" y reafirmó el compromiso de Estados Unidos de apoyar el retorno a la democracia en Venezuela.