El acuerdo de investidura entre Junts y PSOE incorpora una ley de amnistía que reconoce el uso del 'lawfare' en casos de independentistas.
PSOE y Junts han llegado a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez que incluye una ley de amnistía para los implicados en el procés y también reconoce casos de 'lawfare', es decir, el uso abusivo de la justicia con fines políticos. Este acuerdo también contempla la creación de comisiones de investigación que podrían derivar en acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
Según el texto al que ha tenido acceso Europa Press, el acuerdo establece que "esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales relacionados con estos eventos". Ambas partes consideran que la amnistía política, institucional y social es crucial para afrontar los desafíos inmediatos.
En la próxima legislatura, se crearán comisiones de investigación cuyas conclusiones serán tenidas en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía, en la medida en que puedan estar involucradas situaciones de 'lawfare'. Además, estas presuntas acciones de utilización de las instituciones judiciales contra adversarios políticos pueden tener consecuencias que, si corresponde, podrían dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas, según lo señalado en el acuerdo.
Esta es una demanda de Junts que podría permitir que la amnistía también cubra a personas que han cometido delitos que no están directamente relacionados con el proceso independentista, como la presidenta de Junts, Laura Borrás, o el colaborador del expresidente catalán, Carles Puigdemont, José Luis Alay, o el abogado del expresidente, Gonzalo Boye, todos ellos acusados de delitos distintos al proceso independentista.
En una conferencia de prensa desde Bruselas, Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, explicó que la amnistía se aplica a personas asociadas al procés desde su inicio en 2012 hasta el miércoles 8 de noviembre, aunque serán los jueces quienes decidan quiénes se benefician de ella. Además, Cerdán añadió que la propuesta de ley será enviada a todos los grupos para que la revisen y la firmen si lo consideran apropiado.