MADRID, 7 Jul.
La utilización de bombas de racimo en conflictos bélicos, así como las víctimas que provocan tanto de forma directa como a medio y largo plazo, venía marcando una tendencia a la baja en los últimos años, pero la ofensiva militar lanzada por Rusia sobre Ucrania ha marcado un punto de inflexión. Ni Rusia ni Ucrania forman parte de la convención que aboga por su prohibición y que enfatiza los efectos que implica para la población civil y, especialmente, para los niños.
Por primera vez en una década, la Coalición de las Bombas de Racimo, que aglutina a decenas de ONG, no registró en 2021 ninguna víctima por ataques directos, pero sí tuvo constancia de al menos 149 por el estallido de remanentes explosivos. Un 97 por ciento de estas víctimas eran civiles y hubo 90 niños muertos o heridos, con una media de edad de diez años.
La amenaza de este tipo de armamento, por tanto, no siempre es inmediata. Las características específicas de este tipo de bomba, que se divide en submuniciones una vez lanzada, hacen que tenga un impacto indiscriminado en la zona donde se arrojan, al tiempo que las convierten en una amenaza a largo plazo para los civiles e inutiliza áreas para su utilización con fines agrícolas o ganaderos.
La coalición ya había avisado de que la invasión rusa sobre Ucrania había cambiado el escenario, hasta el punto de que en la primera mitad de 2022 ya había registrado al menos 689 víctimas, un 300 por ciento más que el dato global de todo el año previo. Las organizaciones han acusado a las fuerzas rusas de cientos de ataques, mientras que por la parte ucraniana también habían confirmado "varios" incidentes.
Uno de los principales responsables de la coalición, Paul Hannon, ha advertido de que el visto bueno de Estados Unidos al envío de estas armas a Ucrania sumará "víctimas terribles" al conflicto, tanto "inmediatamente" como "en los años venideros". "El uso de municiones de racimo por parte de Rusia y de Ucrania se añade a la contaminación masiva de restos explosivos y minas que ya existe en Ucrania", ha advertido en un comunicado.
Aunque ni Rusia, ni Ucrania, ni Estados Unidos son firmantes de la convención internacional, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos reclaman a los países que sí forman parte de este tratado que alcen la voz.
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