En España, la violencia sexual hacia la infancia tiene un impacto económico significativo, llegando a los 4.453.873.167 euros, lo que representa el 0,31% del Producto Interior Bruto (PIB). Así lo revela el informe titulado "¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia", elaborado por Educo y la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas.

"Estamos hablando de 4.500 millones de euros que representan un costo para la sociedad, tanto en términos económicos como en términos sociales de oportunidad y productividad tanto en el presente como en el futuro. Lo que buscamos es visibilizar un problema del que apenas conocemos la punta del iceberg", explicó Macarena Céspedes, directora de Incidencia política de Educo, durante la presentación del informe a los medios.

Por un lado, se estima que cada año las consecuencias de la violencia sexual hacia los niños y niñas alcanzan los 1.275.670.086 euros. Esta cifra incluye los casos denunciados y los costes asociados a casos no detectados (por ejemplo, la atención psicológica a una niña que no ha revelado el abuso), calculados en base a la prevalencia (porcentaje de la población general que ha sufrido violencia sexual durante su infancia, estimado en 17,29%).

Además, los investigadores han añadido a esta cifra un coste mínimo de 3.178.203.081 euros anuales que corresponden a otros daños más difíciles de cuantificar, como la pérdida de productividad, la destrucción de riqueza, los impactos emocionales en la víctima y su entorno, entre otros.

En conjunto, estas cifras suman un total de 4.453.873.167 euros, equivalente al 0,31% del PIB. Según Céspedes, esta es una estimación considerada "muy justa y conservadora" respecto al verdadero alcance del problema de la violencia sexual. "No podremos determinar el costo del sufrimiento", afirmó, instando a la implementación de políticas de prevención y detección temprana, así como a la formación de profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes, junto con una aplicación efectiva de la Ley orgánica de protección integral frente a la violencia contra la infancia.