El Defensor del Pueblo sugiere investigar el potencial de explotación sexual en hogares de menores.
MADRID, 24 de marzo. En su reciente Informe Anual, el Defensor del Pueblo ha hecho un llamado urgente para que se realice un análisis profundo sobre el riesgo de explotación sexual en los centros que acogen a menores tutelados. Además, ha expresado su preocupación al señalar que aquellas instituciones donde ha habido denuncias de abuso no cuentan con protocolos actualizados para detectar estos casos de manera efectiva.
La institución, que retoma su actuación en el ámbito de la violencia sexual en el sistema de protección durante el año 2025, ha resaltado que aún es complicado obtener datos precisos sobre estos incidentes. Asimismo, ha afirmado la necesidad apremiante de llevar a cabo un estudio específico que indague sobre la vulnerabilidad de estos menores frente a la explotación sexual. Este informe fue presentado el martes a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados.
El Defensor del Pueblo también ha solicitado a las administraciones involucradas que actualicen la información recabada durante el 2023. Sin embargo, a la fecha de cierre del informe, todavía faltaban respuestas de varias entidades. Los informes que sí fueron enviados provienen de diversas regiones, incluyendo Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja, así como de la Región de Murcia y desde las diputaciones forales del País Vasco y las Islas Baleares.
En un esfuerzo por entender mejor la situación, el Defensor llevó a cabo visitas a cinco centros de protección de menores en distintas comunidades autónomas. En estas instituciones, se había albergado a menores que podrían haber sido víctimas de abuso o explotación sexual. Los lugares visitados incluyeron la Residencia de Adaptación Psicosocial Picón de Jarama en la Comunidad de Madrid, el Centro Educativo Terapéutico Gasteiz en el País Vasco y otros centros en la Comunidad Valenciana, Cataluña y la Región de Murcia. Cabe destacar que la mayoría de estos espacios están destinados a menores con problemas de conducta, excepción hecha del centro en Cataluña.
Durante estas visitas, la institución observó con preocupación que los centros aún no habían recibido nuevos protocolos para la detección y manejo inmediato de casos de abusos o explotación sexual. Además, el informe señala que se identificó una falta de adecuación en los perfiles de algunos menores acogidos, quienes enfrentaban dificultades relacionadas con discapacidades intelectuales o problemas de salud mental.