En un clima político tenso, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido vehementemente la integridad del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, frente a las acusaciones que han surgido en su contra. Según Alegría, el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado en evidencia la falsedad de tales acusaciones.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra destacó que los hallazgos hasta ahora confirman la inocencia de Torres. "Los datos que hemos recopilado demuestran sin lugar a dudas que las acusaciones contra el ministro son totalmente infundadas", afirmó Alegría, mostrando su confianza en el proceso judicial.

La portavoz del Ejecutivo subrayó que, a medida que avanzan las investigaciones, la verdad comienza a emerger y se elimina cualquier suposición de culpabilidad hacia el ministro Torres. Esta declaración busca reforzar la imagen del Gobierno en medio de un escándalo que ha captado la atención pública.

El informe de la UCO indica que, cuando era presidente de Canarias, Torres solicitó "pagos pendientes" a la empresa Soluciones de Gestión, involucrada en la adjudicación de contratos de mascarillas, posiblemente de manera irregular. Según los documentos, Torres envió un mensaje a Koldo García, quien supuestamente contaba con la capacidad de influir en estas solicitudes, afirmando: "Estoy encima de tu pago".

Este informe, que ha sido obtenido por Europa Press, forma parte del análisis de las contrataciones realizadas por el Gobierno canario y ha sido compartido con el juez Ismael Moreno, quien investiga el caso conocido como 'caso Koldo'. Los detalles revelan que la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión alcanzó la cifra de 12.317.580,24 euros.

Los investigadores también han comenzado a trazar conexiones entre estos contratos y lo que a su vez podría ser un esquema más amplio de compensaciones ilícitas. Se sospecha que parte de los fondos de estos contratos podría haber estado relacionado con un "pago mensual" de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama, presunto intermediario del 'caso Koldo', habría estado entregando a Koldo García, sugiriendo un entramado de favores en el contexto de estas transacciones.