En un giro dramático en la política de Corea del Sur, el presidente destituido Yoon Suk Yeol no se presentará ante el Tribunal Constitucional en la primera sesión de su juicio político, prevista para el 14 de enero. Su equipo legal ha emitido esta declaración el domingo, afirmando que su ausencia se debe a preocupaciones de seguridad tras la declaración de ley marcial que tuvo lugar a principios de diciembre, que desató una ola de controversias y protestas en el país.

Yoon Gap Geun, uno de los abogados que representa al presidente depuesto, expresó que existe una inquietud legítima respecto a la seguridad de su cliente. Según sus palabras, las acciones de la Agencia de Investigación Criminal de Altos Funcionarios y la Oficina Nacional de Investigación de la Policía han llevado a una situación insostenible. “Estamos alarmados porque continúan intentando ejecutar una orden de detención que consideramos ilegal e inválida, utilizando métodos que consideramos también ilegales”, declaró Gap Geun, recibiendo cobertura de la Agencia de Noticias Yonhap.

En este contexto, Gap Geun enfatizó la necesidad de solucionar las preocupaciones sobre la seguridad personal del presidente destituido antes de que se determine su comparecencia en el juicio constitucional. “Una vez que se logren resolver estos problemas, Yoon está dispuesto a presentarse en cualquier momento que sea necesario”, agregó el abogado, dejando entrever la disputa legal que ahora se cierne sobre el futuro político del país.

Hasta el momento, el Tribunal Constitucional ha programado una serie de cinco alegatos, comenzando con el formal el 14 de enero y continuando el 16, 21, 23 de enero y culminando el 4 de febrero. Este proceso es crucial, dado el contexto de prolongadas tensiones políticas desde la declaración de la ley marcial, que ha llevado a una crisis significativa en la gobernanza surcoreana.

La situación se vuelve más tensa ya que la Justicia surcoreana extendió el plazo de detención del presidente destituido después de varios intentos ineficaces de arrestarlo en su residencia oficial. Las ordenes de detención emitidas son el resultado de la negativa de Yoon a atender las citaciones que le obligaban a rendir cuentas sobre su gestión en el contexto de la ley marcial, una decisión que ha polarizado aún más a la sociedad surcoreana. Los vientos de cambio soplan fuerte en el país, y la incertidumbre sobre el futuro político de Yoon y la dirección del gobierno resurgen en un escenario cada vez más convulso.