El reciente juicio en el Tribunal Supremo de Madrid ha tomado un giro inesperado, a medida que Alberto González Amador, compañero de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado serias acusaciones contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Durante la segunda jornada de este proceso, González ha señalado repetidamente a García Ortiz como culpable de las filtraciones que han afectado su imagen y reputación, lo que ha desatado una oleada de reacciones en la sala judicial.

En un momento cargado de tensión, González afirmó que el fiscal general lo había "matado públicamente", convirtiéndolo en un "delincuente confeso" ante la opinión pública. "Se siente como si no hubiera salida. Me han condenado", expresó, provocando una respuesta indignada de su defensa y llevándose las manos a la cabeza en señal de incredulidad el propio García Ortiz.

Las afirmaciones de González no se detuvieron ahí, ya que también mencionó que había visto a García Ortiz en un programa de televisión calificándolo nuevamente como "delincuente confeso". Este acto de aludir directamente al fiscal general pareció infundir aún más frustración en el alto funcionario, quien no pudo ocultar su consternación.

En su alegato final, un González visiblemente afectado imploró la atención del tribunal, resaltando cómo las supuestas filtraciones habían arruinado su vida. Con una declaración sorprendente, afirmó: "O me voy del país o me suicido", lo que desató risas nerviosas en la sala y llevó al presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, a recomendarle que buscara ayuda legal antes de hacer tales afirmaciones.

A lo largo de su declaración, González se mostró firme en sus afirmaciones, insistiendo en que no había tenido ninguna participación en la redacción de los correos que implicaban a la Fiscalía en su situación legal. Cuando el abogado del Estado, José Ignacio Ocio, intentó interrogarle sobre su decisión de enviar un correo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, el presidente del tribunal intervino, cuestionando la relevancia de la pregunta.

El clima del juicio se intensificó con el testimonio de Rodríguez, uno de los críticos más vocales contra García Ortiz desde el inicio del procedimiento. Recordando el polémico tweet donde insinuaba que el fiscal general iba a ser procesado, Rodríguez justificó sus palabras al describirlas como un "vaticinio".

En medio de la sesión, Mar Hedo, directora de comunicación de la Fiscalía General, también atrajo la atención. Al ser interrogada sobre la difusión de una noticia por 'El País' antes de la publicación oficial de la Fiscalía, Hedo sugirió que las filtraciones son comunes en España, una afirmación que dejó a muchos presentes perplejos. No obstante, ella también reveló que García Ortiz había estado al tanto de su propia imputación antes de que se hiciera oficial, indicando que "era vox populi".

Las tensiones continuaron durante el interrogatorio a Íñigo Corral, director de comunicación de la Fiscalía de Madrid, quien fue requerido por su cronología de los eventos del 13 y 14 de marzo. Aunque Corral intentó utilizar documentos impresos para explicar su memoria deficiente sobre mensajes previos, el abogado del Estado objeta su forma de proceder, lo que llevó a Martínez Arrieta a insistir en las reglas del tribunal.

La defensa de González Amador no dudó en cuestionar a Corral sobre sus contactos con periodistas y, pese a la resistencia del testigo, el tribunal le permitió nombrar a algunos de ellos, mientras que el clima de tensión continuaba. Ocio calificó las acciones de la Fiscalía como un "cerrojazo informativo", lo que provocó una respuesta airada de Corral.

A medida que se desarrolla este juicio, las acusaciones de filtraciones y la tensión entre las partes implicadas sugieren que la saga judicial en torno a González Amador y la Fiscalía está lejos de llegar a su fin. Con personalidad fuerte y acusaciones sorprendentes, este caso continúa poniendo de manifiesto las complejidades del sistema legal en España.