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El fiscal general respalda recusación a magistrados del TS y defiende su derecho a defenderse

El fiscal general respalda recusación a magistrados del TS y defiende su derecho a defenderse

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha denunciado una "identidad de objetivos" dentro de las asociaciones de jueces y fiscales con "determinados partidos políticos", sacando a la luz una situación que pone en entredicho la independencia del sistema judicial. Esto se desprende de la recusación que solicitó para que cuatro magistrados del Tribunal Supremo no intervengan en el recurso contra su renovación, sugiriendo así que existe una fuerte influencia política en las decisiones judiciales.

En una entrevista en la Cadena Ser, García Ortiz defendió su solicitud de recusación argumentando que es más sensato y justo que otros examinen el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en su contra, en lugar de los mismos magistrados que lo han acusado de desviación de poder. Esta situación plantea dudas sobre la imparcialidad del sistema judicial y la necesidad de garantizar una justicia independiente.

El fiscal general también se refirió a la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, indicando que no se siente perseguido por el Tribunal Supremo. Sin embargo, reconoció que existe una posible politización de la justicia, con una identidad de objetivos entre las asociaciones judiciales y fiscales y ciertos partidos políticos.

García Ortiz planteó la necesidad de que las asociaciones de jueces y fiscales no manifiesten públicamente su identificación ideológica, respetando la prohibición de formar parte de partidos políticos o sindicatos. Esta reflexión abre un debate sobre la independencia del sistema judicial y la importancia de garantizar la imparcialidad en las decisiones judiciales.

En cuanto a la reprobación del Senado en su contra, el fiscal general del Estado consideró que es un error de concepción de la Cámara Alta sobre el papel del Ministerio Fiscal y su posición en la democracia. García Ortiz enfatizó que el fiscal general no debe ser visto como un actor político y que la reprobación del Senado no afecta su posición como representante de todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política.