El Gobierno apuesta por agilizar trámites en la Administración Pública con la eliminación obligatoria de citas previas.

El Gobierno apuesta por agilizar trámites en la Administración Pública con la eliminación obligatoria de citas previas.

El Gobierno tiene como objetivo eliminar la cita previa obligatoria en las oficinas de la Administración Pública a través de la modificación en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Según el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, no es necesario tener una cita previa para interactuar con la Administración. Esta modificación se llevará al Congreso de los Diputados lo antes posible para mejorar la relación entre los ciudadanos y los servicios públicos.

Esta medida forma parte del nuevo modelo de la Administración Pública que se quiere impulsar en esta legislatura. Además de eliminar la cita previa obligatoria, se incluye la reforma del portal web de la Administración Pública para organizarlo por hechos vitales y en cooperación con todas las administraciones públicas. También se están desarrollando pilotos de 'hubs', alimentados con Inteligencia Artificial, para abordar el reto demográfico y las necesidades de grupos vulnerables.

Otro objetivo es dotar a la Administración General del Estado de un lenguaje claro y fácil a través de un gestor documental único que utiliza la IA. Esto permitirá evaluar la complejidad de los textos y hacerlos más accesibles al ciudadano. También se buscará potenciar el uso del teléfono 060, especialmente para colectivos vulnerables.

En cuanto a la ciberseguridad, se presentará una Ley de Ciberseguridad en el siguiente periodo de sesiones para reforzar la ciberresiliencia del sector público. Además, se creará una Agencia de Administración Digital que fomente la innovación al servicio de la ciudadanía y la robotización de tareas repetitivas. También se anuncia la creación de una unidad operativa transversal capaz de hacer frente a shocks externos como una pandemia.

Para mejorar la calidad de las políticas públicas, se dará un rol clave a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas en su diseño y evaluación. Además, se potenciará el papel de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en el control y evaluación a posteriori. También se establecerá un sistema de indicadores y un calendario de evaluaciones, así como capacidades en cada ministerio. Las capacidades de diseño, evaluación y mejora de las políticas públicas se reforzarán con la aplicación de las nuevas tecnologías.

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Economía