Madrid, 29 de diciembre. El año 2024 se acerca al cierre y el Gobierno español se encuentra bajo el escrutinio por no haber atendido una considerable cantidad de solicitudes que la oposición logró formalizar en el Pleno del Congreso desde el inicio de la legislatura. Estas propuestas, muchas de las cuales carecieron del apoyo del PSOE, abordan temas cruciales como la instauración de medidas que confronten el régimen de Nicolás Maduro, el retorno a la posición tradicional de España sobre el Sáhara Occidental, y la apertura de auditorías sobre contratos discutidos en el escándalo conocido como la 'trama Koldo', que afecta a ministerios clave como Interior y Sanidad.

En relación con las elecciones realizadas el pasado julio en Venezuela, el Partido Popular (PP) presentó iniciativas de apoyo a la oposición que recibieron la aprobación del Pleno del Congreso, gracias al respaldo del PNV en junio y de Junts en diciembre. Sin embargo, el Gobierno ha ignorado estas sugerencias, manteniendo una postura que ha sido criticada por diversos sectores políticos y sociales.

A pesar de que Edmundo González Urrutia ha encontrado refugio en España, el Gobierno español no lo ha reconocido como el "legítimo ganador" y, por ende, "presidente electo y legítimo" de Venezuela. Asimismo, no ha respaldado a González y a María Corina Machado como "interlocutores legítimos" en las negociaciones que deberían llevar a una transición democrática en el país sudamericano.

Otro punto de conflicto se deriva de una proposición no de ley que fue aprobada este mes, en la que se instaba al Gobierno a apoyar la demanda presentada en 2018 y a pedir al Tribunal Penal Internacional (TPI) que emitiera una orden de arresto contra Maduro y otros presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, este mandato también ha quedado sin respuesta.

En lo que respecta al Sáhara Occidental, el incumplimiento también es evidente. En junio, y con el apoyo del PP, Vox y otros aliados del Ejecutivo en el Congreso, se demandó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que regresara a la histórica postura de neutra activa de España en el conflicto sobre esta excolonia. No obstante, Sánchez ha persistido en el cambio de postura que adoptó en 2022, al respaldar el plan de autonomía propuesto por Marruecos.

Además, se instó al Gobierno a abrir negociaciones con Marruecos sobre la reactivación de las aduanas de Ceuta y Melilla en un plazo de 90 días. Sin embargo, medio año después, estas permanecen cerradas sin perspectivas claras de reactivación.

El Congreso, a pesar de la oposición del PSOE, también aprobó durante el año diversas iniciativas que requerían nuevas auditorías sobre los contratos relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia, adjudicados a la mencionada trama de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Se instó al Gobierno a realizar auditorías similares a las previamente efectuadas en el Ministerio de Transportes en los ministerios de Sanidad e Interior, pero hasta la fecha no se han tomado acciones al respecto.

Asimismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no ha sido comisionada para llevar a cabo auditorías independientes en los departamentos del Ejecutivo involucrados, y el Ministerio del Interior tampoco ha abierto investigaciones para aclarar irregularidades relacionadas con posibles filtraciones sobre investigaciones judiciales en curso.

En otro episodio de confrontación política, el PP logró que el Congreso censurara a Teresa Ribera, entonces vicepresidenta tercera y candidata del PSOE a las elecciones europeas, por su falta de comparecencia en sesiones de control. El Congreso exigió al Gobierno justificaciones adecuadas sobre los motivos que impidieron a sus miembros asistir a estas reuniones, aunque hasta ahora no se han presentado explicaciones contundentes.

El Gobierno tampoco ha cumplido otros mandatos de esta iniciativa, que exigían la implementación “efectiva y sin demora” de las decisiones emanadas de la Cámara y que se ajustara a la doctrina del Tribunal Constitucional al ejercer su derecho a vetar la discusión de propuestas que pudieran comprometer ingresos o aumentar gastos.

Las reclamaciones de carácter económico también han sido ignoradas, como la que instaba a compensar a los usuarios por retrasos en el servicio del AVE, o la que solicitaba la eliminación de los peajes y la prórroga de la concesión de la AP-9.

Por último, el Ejecutivo no ha aplicado la deflactación del IRPF, a pesar de haber sido solicitado por el Congreso en abril, y tampoco ha cumplido con la recomendación para establecer exenciones fiscales orientadas a los jóvenes menores de 34 años al inicio de su trayectoria laboral.

Además, el decreto 933/2021, conocido como 'Gran Hermano Turístico', entró en vigor recientemente, imponiendo nuevas obligaciones sobre el registro documental en actividades de hospedaje y alquiler de vehículos. Esta medida fue implementada a pesar de que el Congreso había votado en favor de su suspensión apenas tres meses antes, lo que pone de manifiesto la desconexión entre las decisiones legislativas y la acción del Gobierno.