El Gobierno español ha dado un paso significativo hacia la posibilidad de ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). A través del Ministerio de Cultura, se ha iniciado un procedimiento judicial el pasado viernes, lo que marca un hito en la lucha por la memoria histórica en el país, según lo han confirmado fuentes cercanas al departamento. La FNFF ha sido notificada oficialmente de este expediente y se le ha brindado un plazo para presentar alegaciones.

El camino hacia esta decisión comenzó en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura puso en marcha un proceso de investigación para reunir información que sustente la ilegalización. Bajo la dirección de Urtasun, el Protectorado de Fundaciones ha estado a cargo de esta gestión, lo que indica la seriedad con la que el gobierno está abordando la cuestión.

Con la notificación realizada el 31 de octubre, la FNFF tiene ahora un plazo de 10 días hábiles para presentar sus argumentos y, si lo desea, aportar documentación adicional. Esta etapa es crítica, ya que tras la revisión de las alegaciones se elaborará una propuesta que será sometida a la Abogacía General del Estado, quien emitirá un informe fundamental para la decisión final que Urtasun deberá firmar.

Desde el Ministerio de Cultura se ha expresado confianza en que el caso llegue pronto ante el juez, aunque se estima que el proceso puede tomar un mínimo de nueve meses. Dependerá en gran parte de cómo responda la fundación y de la documentación que presente para defender su posición. Sin embargo, se considera que las bases para la ilegalización están firmemente establecidas y que las pruebas que se presenten serán similares a las que examinará el magistrado.

En apoyo de este proceso, se han solicitado informes de diversas entidades, incluyendo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El análisis de la Abogacía General del Estado señala claramente que existen causas legítimas para extinguir la fundación, como la falta de un interés general en sus actividades y la promoción de un discurso que ensalza el franquismo y sus crímenes.

A pesar de la alegación de la FNFF sobre su carácter cultural y de preservación histórica, el informe subraya que sus fines son, en realidad, la defensa de una figura como Franco, lo cual contradice la Ley de Memoria Histórica. Esta normativa es clave en la valoración del contexto y objetivos de la fundación, que se ha caracterizado por una visión profundamente positiva del régimen franquista.

Además, la FNFF busca desafiar la denominada Ley de Memoria Histórica y participar activamente en el debate cultural y político contemporáneo, promoviendo la figura de Franco y su legado. Sin embargo, documentos oficiales confirman que esto se hace desde una perspectiva que no respeta la memoria de las víctimas del franquismo.

Los informes recabados hasta el momento, que incluyen testimonios de víctimas del franquismo y el análisis de la representación mediática de la FNFF, están siendo cruciales para el Ministerio, que espera que la Corte apoye su petición. La finalidad es clara: que los recursos fiscales y beneficios de los que la fundación se beneficia no sean sustentados por el estado español.

En este sentido, el Gobierno está preparado para solicitar medidas cautelares que prevengan a la FNFF de manipular o destruir archivos históricos antes de que se pronuncie la justicia. En particular, se tiene la intención de salvaguardar documentos que son de interés público y que han sido en poder de la fundación.

Finalmente, se anticipa que, siguiendo un procedimiento similar al que se llevó a cabo con el Pazo de Meirás, el Ministerio de Cultura buscará proteger el patrimonio documental que la FNFF posee, asegurando que la memoria de las víctimas del franquismo no se vea comprometida por actividades que glorifican un pasado oscuro de la historia de España.