El Consejo de Estado ha declarado que la saturación de las Comunidades Autónomas no es motivo para eximirse de acoger a los menores extranjeros solos desde que llegan.

MADRID, 24 Sep.

El Gobierno ha decidido impugnar ante el Tribunal Constitucional el protocolo de menores migrantes aprobado por el gobierno de Canarias, luego de que el Consejo de Estado haya determinado que hay fundamentos jurídicos suficientes para recurrir.

Según el dictamen del Consejo de Estado, el Gobierno impugnará los apartados segundo, tercero y sexto del acuerdo de consejo de gobierno y el protocolo de Canarias a través del procedimiento de impugnación de disposiciones sin fuerza de ley ante el Tribunal Constitucional.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno ha aprobado un acuerdo en el Consejo de Ministros para impugnar las medidas tomadas por el gobierno de Canarias en relación con los menores extranjeros no acompañados.

El Consejo de Estado ha señalado que las dificultades en la identificación y determinación de la edad de los inmigrantes, así como la saturación de recursos autonómicos, no son motivos para rechazar la recepción de los menores ni para demorar su asistencia inmediata.

Además, el Consejo de Estado ha resaltado que las comunidades autónomas no pueden introducir requisitos adicionales no previstos en la normativa estatal para la recepción de menores extranjeros no acompañados.

En relación con la constitucionalidad de la decisión de Canarias de suspender la recepción de los menores extranjeros no acompañados, el Consejo de Estado ha indicado que esta medida vulnera el derecho a la protección y asistencia especial de los menores para garantizar su dignidad y desarrollo personal.

El protocolo territorial canario, que exige una resolución administrativa individualizada antes de entregar los menores a los servicios autonómicos de protección, no se encuentra contemplado en la normativa estatal, según el Consejo de Estado.

El Consejo de Estado ha determinado que las entidades públicas autonómicas de protección de menores deben hacerse cargo de los menores inmediatamente, sin importar si hay dudas sobre su minoría de edad o si hay falta de plazas disponibles.

Asimismo, el Consejo de Estado ha mencionado que la violación del orden constitucional en estas actuaciones también implica una vulneración de los derechos constitucionales de los menores en situación de abandono.

El ministro Ángel Víctor Torres ha enfatizado que el Gobierno impugnará los apartados del acuerdo de gobierno de Canarias y el protocolo ante el Tribunal Constitucional, destacando la importancia de respetar las competencias y trabajar en la modificación del artículo 35 para una distribución justa de los menores en todo el territorio español.