El pasado 9 de enero, el Gobierno de España hizo pública su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, un cambio significativo que busca transferir más recursos a las comunidades autónomas mediante un incremento en la cesión de impuestos. Se propone elevar del 50% al 55% la participación del IRPF y del 50% al 56,5% en el IVA, aumentando así los fondos disponibles en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.

Durante una conferencia de prensa, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que esta reforma es un compromiso fundamental del Ejecutivo de Pedro Sánchez desde el inicio de la legislatura. Montero subrayó que esta iniciativa es parte de la responsabilidad del Gobierno para fortalecer el Estado del Bienestar.

“No hay una mejor manera de abogar por el bienestar de los ciudadanos que revisando un modelo de financiación que ya cumple 17 años”, afirmó Montero, quien argumentó que la reforma busca establecer un sistema más justo y solidario que respete las diversidades territoriales y simplifique los procesos.

La propuesta prevé un enfoque que adapte el modelo a las distintas realidades que presentan las comunidades autónomas, asegurando que se mantenga la autonomía y la corresponsabilidad fiscal. “No podemos hablar de un modelo único para todas, sino de un sistema flexible que se ajuste a las particularidades de cada región”, recalcó la ministra.

Uno de los aspectos clave de la reforma es la revisión del concepto de “población ajustada”, un indicador que calcula el número de habitantes en cada comunidad teniendo en cuenta variables que afectan tanto a la prestación de servicios como a las necesidades de financiación. Los criterios considerados incluyen la población empadronada, que tiene un peso del 30%, así como la población protegida, que representa el 38% y que se vincula principalmente al gasto en sanidad, el cual es el rubro más significativo en los presupuestos autonómicos.

La propuesta del Gobierno amplía el concepto de población protegida, pasando de siete a 20 grupos de edad. Este cambio busca mejorar la estimación de los costos sanitarios en función de las necesidades de cada beneficiario. “Con esto, pretendemos aproximar mejor los recursos a las demandas de salud de nuestros ciudadanos”, indicó Montero.

En lo que respecta a educación, el análisis se centrará en la población de 0 a 17 años, que se refleja en una ponderación del 17%. A esto se suman dos nuevos criterios: el número de jóvenes de 18 a 24 años que estén en formación universitaria o profesional, y el de estudiantes universitarios que llegan de otras comunidades, reconociendo así el coste adicional que implica recibir a estos alumnos. Estas consideraciones aportarán un 3,5% al total de la ponderación educativa.

La atención a la población mayor también se ve reforzada en esta nueva propuesta, separando a las personas de 65 a 79 años y a los mayores de 80 años para facilitar la asignación de recursos a los servicios que intensamente utilizan las personas de la tercera edad. Esta variable tendrá un impacto del 7% en el cálculo final.

Finalmente, también se incluye un nuevo elemento en el modelo que considera a las personas desempleadas que no reciben ninguna prestación social, otorgándole un peso del 1,5%. Otros aspectos, como la superficie geográfica de cada comunidad, también se incorporan al cálculo, representando un 1,6% de la ponderación total, lo que permitirá una evaluación más equilibrada de los costos asociados a la prestación de servicios.