El Gobierno rechaza la propuesta del PP para restringir la regularización de inmigrantes, citando un costo adicional de 16,8 millones.

El reciente movimiento del Gobierno español ha suscitado amplia conversación en el ámbito político, ya que ha decidido frenar la discusión en el Congreso sobre una enmienda que los grupos de PP, Vox y Junts promovieron en el Senado. Esta enmienda pretendía reforzar el control de antecedentes penales en el marco de la ley contra la multirreincidencia, una medida que, según el Ejecutivo, requeriría la incorporación de 400 funcionario más en el área de Extranjería, significando un coste adicional de 16,8 millones de euros para las arcas públicas.

Por otro lado, la ley orgánica relacionada con la multirreincidencia, que ha sido impulsada por Junts y que el PSOE decidió avanzar tras la ruptura con los independentistas, se someterá a votación definitiva este jueves en el Pleno del Congreso. Aquí se ratificarán las enmiendas aportadas en el Senado, aunque no todas ellas verán la luz debido al veto anunciado por el Gobierno.

Específicamente, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha indicado a la Mesa del Congreso que se opondrá a dos enmiendas que, a la luz de las discusiones en el Senado, podían resultar perjudiciales para el PSOE en la votación del jueves. Una de las enmiendas, impulsada por el PP, solicita ampliar el número de fiscales en diversas áreas, pidiendo un nuevo fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción. Sin embargo, el Gobierno ha señalado que esto conllevaría la creación de 491 nuevas plazas, generando un costo estimado de 53,79 millones de euros.

La segunda enmienda, acordada entre PP, Vox y Junts, proponía modificaciones en la Ley de Extranjería para establecer que las solicitudes de regularización de inmigrantes, como la que actualmente lleva a cabo el Gobierno, exigieran verificar que el solicitante no tuviera antecedentes penales ni trámites abiertos en España o en otros países. Mientras que el Gobierno permite que los solicitantes hagan una declaración jurada, la enmienda del PP requería una certificación oficial de las autoridades competentes en este aspecto.

El Gobierno ha argumentado que la exigencia de esta certificación sería inviable sin la incorporación de 400 funcionarios adicionales, lo que, a un coste medio de 42.000 euros cada uno, incrementaría sumamente el presupuesto en 16,78 millones de euros, de acuerdo con documentos de Europa Press.

La normativa constitucional otorga al Gobierno la facultad de veto sobre iniciativas legislativas que impliquen un aumento de gasto o disminución de ingresos. Sin embargo, para que este veto se valide, debe estar adecuadamente justificado y respaldado por la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar ostentan una mayoría contundente.