En una jornada marcada por debates en torno a la política de defensa, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, anunció que el Gobierno ha frenado más de 200 transacciones de adquisición de material de defensa a empresas israelíes desde la implementación del embargo a Israel. Esta medida se tomó tras la decisión gubernamental de otorgar a Airbus una excepción que le permite importar productos procedentes del Estado hebreo.

El embargo, que ya estaba en vigor de manera no oficial desde el 7 de octubre, fue formalizado con su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 23 de septiembre. Según el Gobierno, esta iniciativa es un paso crucial en la consolidación de una política que busca restringir el comercio de armamento con Israel ante las preocupaciones de derechos humanos.

La legislación fue apoyada por el Pleno del Congreso el 8 de octubre. Originalmente, el Gobierno presentó este embargo como un decreto ley, aunque tras las demandas de los socios de la coalición, se acordó su tramitación como un proyecto de ley para permitir la discusión y la inclusión de propuestas y enmiendas.

Recientemente, en el último Consejo de Ministros del año, se aprobó una excepción para permitir a Airbus continuar con la importación de ciertos materiales esenciales para programas de aviación, como el A400 y el C295, los cuales requieren tecnología israelí, según explicó la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En este marco, el ministro López destacó que más de 200 operaciones relacionadas con la compra de material a Israel han sido bloqueadas desde la entrada en vigor del embargo, con la única excepción mencionada para Airbus. "Solo se ha aprobado un caso", resaltó durante una entrevista en 'Las Mañanas' de TVE, confirmando así la postura firme del Gobierno en este tema.

Sin embargo, la formación política Sumar, parte de la coalición gubernamental, ha expresado su desacuerdo con esta excepción, argumentando que no se justifica bajo los principios del embargo. Ante las inquietudes de sus aliados, López defendió la decisión al calificarla como "crucial y estratégica para la industria española" y su colaboración con Airbus, subrayando la importancia de mantener la capacidad industrial nacional.