La polémica se desata nuevamente en el Congreso de los Diputados, donde el Pleno del próximo jueves, 26 de septiembre, abordará los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para los próximos tres años. Sin embargo, el Gobierno enfrenta la incertidumbre debido a la falta de apoyos suficientes para sacar adelante esta medida.
El Partido Popular ya ha anunciado su voto en contra de estos objetivos, lo que marcaría la cuarta vez en este año que se debate una cuestión tan relevante. En ocasiones anteriores, la senda ha sido rechazada gracias a los votos en contra del PP, Vox, UPN y Junts, lo que evidencia la división en el hemiciclo.
En este sentido, tanto el PP como Carles Puigdemont mantienen sus posturas y votos anteriores, lo que promete un debate encendido en el Congreso. La senda de déficit y objetivos presupuestarios es crucial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, por lo que la votación adquiere gran relevancia.
Es importante resaltar que el Gobierno ha presentado estos objetivos en dos ocasiones anteriores, pero han sido rechazados en el Senado por la mayoría absoluta del PP. Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda ha tenido que recurrir a medidas extraordinarias para seguir adelante con la elaboración de los presupuestos.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido sobre las consecuencias de no respaldar estos objetivos, señalando que se reducirá la capacidad de gasto de autonomías y ayuntamientos. Según el Gobierno, aquellos que se opongan a estos planes estarán limitando los recursos disponibles en sus territorios.
La propuesta fiscal del Ejecutivo establece que la Administración Central asumirá la mayor parte de la responsabilidad en el cumplimiento de los nuevos objetivos fiscales, dejando a las comunidades autónomas con un margen muy reducido. La deuda pública también se verá afectada, con reducciones progresivas en los próximos años.
En conclusión, el debate sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública se presenta como un tema candente en el Congreso, con posiciones encontradas y consecuencias significativas para el futuro económico del país.
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