En un desarrollo significativo en la causa que investiga presuntas filtraciones de información sensible, el Tribunal Supremo ha llamado a declarar como testigos a una octava de periodistas, lo que subraya la gravedad de las alegaciones en torno a la actuación de la Fiscalía en este caso.

Este miércoles, a las 10:00 horas, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparecerá ante el alto tribunal. Su testificación se enmarca en la investigación relativa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está siendo examinado por la divulgación no autorizada de información relacionada con su pareja, Alberto González Amador.

La decisión de convocar a Rodríguez se produjo después de que tanto García Ortiz como Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid e igualmente imputada, solicitaran que se realizaran estas diligencias. Consideran que la comparecencia de testigos podría clarificar las circunstancias que rodean la filtración de correos electrónicos intercambiados entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto, quien investigaba alegaciones de delitos fiscales.

De acuerdo con los Servicios Jurídicos del Estado, hay indicios que sugieren que Miguel Ángel Rodríguez tuvo acceso a parte de estos correos antes de que su contenido se hiciera público. Las autoridades identificaron que la primera exposición de esta información ocurrió la noche del 13 de marzo, días que posteriormente fueron resumidos en una nota de prensa emitida por la Fiscalía.

Los Servicios Jurídicos fundamentaron su argumento en información revelada por eldiario.es el 17 de octubre, que sostuvo que la divulgación inicial de secretos provino de Rodríguez, quien presuntamente envió correos a varios medios antes de que la Fiscalía presentara desmentidos sobre los mismos. En particular, dos mensajes de Rodríguez en la red social X parecen apuntar a esta dinámica de divulgación.

En el primer mensaje, publicado a las 22:41 del 13 de marzo, Rodríguez analiza la confusión ese día, refiriéndose a un acuerdo que la Fiscalía había ofrecido a González y que posteriormente fue anulado por superiores. En otro mensaje del 17 de octubre, criticó abiertamente la situación afirmando que si su información, basada en un correo oficial de la Fiscalía, era correcta, entonces no existía ninguna falsedad en su relato.

La Abogacía del Estado sostiene que los documentos en cuestión indican que Miguel Ángel Rodríguez no solo difundió información potencialmente falsa, sino que también tuvo acceso a correos electrónicos que son actualmente objeto de investigación, o al menos a algunos de ellos antes de que los implicados tuviesen conocimiento de su contenido.

Por lo tanto, pidieron su testimonio para esclarecer detalles críticos como a qué correos tuvo acceso, quién le proporcionó esa información, cómo la propagó y quién más estaba al tanto de su contenido antes de una hora crítica que podría haber facilitado la filtración a los medios.

Este enfoque de la Fiscalía destaca la importancia de conocer el ecosistema de información que rodeó la divulgación de los correos electrónicos involucrados, ya que la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo establece que cuando un secreto es revelado a la prensa, ha dejado de ser confidencial.

El magistrado Ángel Hurtado, quien preside el caso, accedió también a solicitar la declaración de ocho periodistas que informaron sobre el contenido de estos correos la misma noche en que se hizo la divulgación. Los primeros dos comparecerán el miércoles, seguidos de otros seis el día siguiente.

La Abogacía del Estado argumenta que es crucial determinar quién fue el primero en divulgar la información y la hora de dicha difusión, ya que estas preguntas siguen sin respuestas claras en este momento del proceso judicial.

Los acontecimientos clave se desarrollaron a las 21:29 del 13 de marzo, cuando 'El Mundo' publicó informaciones sobre un supuesto pacto que la Fiscalía había ofrecido a González Amador. El sumario indica que, tras esto, se iniciaron esfuerzos desde la Fiscalía General para obtener la cadena de correos electrónicos, que finalmente fue remitida a diversos medios de comunicación antes de la mañana siguiente.

Tal y como se ha documentado, la rápida sucesión de eventos sugiere que resultaría poco plausible que en el breve lapso entre que se entregó la información y se la publicó, los medios habrían podido recibir y preparar la noticia. Esto llevó al magistrado a instruir a 'La Sexta' y a 'El Mundo' a que presentaran sus informes originales sobre las coberturas discutidas en este procedimiento.

En el futuro, otros testigos, incluyendo a Julián Salto y Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid, han sido convocados para declarar, junto con los responsables de comunicación de las fiscalías involucradas, a lo largo de enero.

Es fundamental recordar que esta investigación se originó a raíz de una querella presentada por González Amador relacionada con una nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid, donde se trató de desmentir lo que consideraban un "bulo", lo que llevó a la apertura del caso por parte del Supremo.

Finalmente, se ha señalado que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también ha señalado a la Fiscalía como responsable de la filtración de información sobre la investigación contra González Amador, noticia que fue publicada en eldiario.es días antes de los sucesos en cuestión.