Una reciente decisión judicial ha puesto en el centro del debate la investigación que afecta a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. El juez encargado del caso ha denegado la solicitud de su defensa para que se anonimicen ciertos datos en el proceso, argumentando que la petición carece de detalle y no especifica cuáles datos deberían ser excluidos de la investigación.

En una providencia emitida por el magistrado Juan Carlos Peinado, a la que tuvo acceso Europa Press, se explica que la defensa de Gómez solicitó que se realizara una anonimización de los datos que no sean relevantes para la pesquisa. Sin embargo, el juez considera que esta solicitud es demasiado vaga en su formulación.

La argumentación del magistrado es contundente: señala que la falta de claridad en la petición, junto con el reconocimiento de que hay datos que pueden referirse a terceras personas y que podrían tener implicaciones penales, impide determinar de manera anticipada cuáles datos son realmente necesarios para el avance de la causa. Por tanto, concluye que en la situación actual del caso no es viable acceder a lo solicitado por la defensa.

Es importante recordar que este mismo juez, al frente del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, está llevando a cabo una investigación sobre Begoña Gómez que incluye posibles delitos como tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En este contexto, en diciembre pasado, el magistrado solicitó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que confirmara si todas las cuentas bancarias identificadas a nombre de la investigada son las únicas existentes o si podrían existir más.

Esta solicitud se produjo después de que el juez recibiera una lista "incompleta" de cuentas bancarias pertenecientes a Gómez, que contaba con un saldo total de solo 40,25 euros. La defensa de Begoña Gómez rápidamente reaccionó, indicando que la información bancaria proporcionada por el Punto Neutro Judicial era "absolutamente errónea" y demandó que se protegieran sus datos personales para evitar filtraciones a terceros, incluida la prensa.

En un desarrollo adicional del caso, el magistrado ha manifestado su decisión sobre la comparecencia de testigos en relación a la empresa Arsys Internet SLU, al estipular que su testimonio debe ser presencial. A pesar de que la empresa pidió comparecer por videoconferencia, Peinado argumenta que la cercanía de la sede de Arsys al juzgado hace conveniente una declaración en persona.

La fecha clave para las declaraciones ha sido fijada para el 22 de enero, cuando comparecerán los representantes de varias compañías importantes, como Google Spain, Indra y Telefónica, así como los ex vicerrectores de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal. Las declaraciones se centrarán en las inversiones relacionadas con un software que la investigación sugiere que pudo haber sido indebidamente apropiado por la investigada.

Durante su declaración el pasado 18 de diciembre, Begoña Gómez, en respuesta a las preguntas de su abogado, rechazó las acusaciones de que se hubiera apropiado de marcas al registrar TSC Transformación Social Competitiva y el software vinculado a una cátedra que fue financiada por diversas empresas. Este episodio se suma a un complejo entramado de acusaciones que todavía está por esclarecer en el marco de la investigación en curso.