El juez insta al Supremo a investigar por terrorismo a Puigdemont y Rovira
El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democràtic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del 'procés' independentista catalán en el otoño de 2019 ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue al expresidente catalán Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas por un delito de terrorismo. Según el juez, existen indicios de la participación de todos ellos en la comisión de hechos susceptibles de integrar un delito de terrorismo. Además, el juez destaca la posición de autoridad incuestionable que Puigdemont ocupa en la organización de Tsunami Democràtic como expresidente y líder del independentismo desde Bruselas. Por lo tanto, considera necesario que el Tribunal Supremo tome el caso y lleve a cabo las diligencias de investigación correspondientes. Sin embargo, debido a la condición de aforados de Puigdemont y Rubén Wagensberg, el diputado del Parlament de Cataluña, el juez no puede llevar a cabo las investigaciones necesarias y, por lo tanto, solicita que se les impute y se les ofrezca la posibilidad de comparecer voluntariamente.
El juez argumenta que existen indicios que indican la participación de Puigdemont en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami Democràtic, como los mensajes en el móvil entre su jefe de gabinete y un empresario, anotaciones en la agenda de su jefe de gabinete y el impulso de Puigdemont a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma de Tsunami. Además, el juez destaca una conversación en la que Puigdemont y otro empresario discuten la postura de los dirigentes políticos catalanes ante la sentencia del 'procés', lo que demuestra el papel de liderazgo del expresidente en Tsunami.
El juez también analiza los actos violentos que tuvieron lugar en el Aeropuerto del Prat el 14 de octubre de 2019, señalando que se trató de una acción ilícita ya que no hubo convocatoria legal para la manifestación o reunión. Según los informes de los Mossos, se utilizaron diversos artefactos, sustancias y armas en el bloqueo del aeropuerto por parte de los manifestantes, lo que causó daños y perjuicios económicos significativos. El juez destaca la importancia estratégica de este objetivo y las graves consecuencias que podría haber tenido para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional el éxito de la acción. Además, subraya que durante estos disturbios falleció una persona de nacionalidad francesa y considera necesario investigar si el colapso del aeropuerto pudo haber contribuido a su muerte.
El magistrado también señala la necesidad de esclarecer quiénes resultaron heridos durante los disturbios y determinar si los responsables de la organización investigada son igualmente responsables de los daños a las personas. Además, destaca los perjuicios económicos ocasionados por estos hechos y considera que la instrucción deberá determinar si son objetivamente imputables a los responsables de la organización.
García Castellón también analiza los hechos cometidos a la luz de los convenios internacionales para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, ya que varios de los investigados se encuentran fuera de España en países como Suiza y Bélgica. Por lo tanto, plantea la posibilidad de que estos graves acontecimientos ocurridos en el aeropuerto de El Prat sean enjuiciados en alguno de estos países si se utiliza la cooperación judicial adecuada.
En su exposición, el juez plantea la posibilidad de que los hechos encajen en el delito de desórdenes públicos cometido por una organización criminal estructurada, dado que se trata de una organización estructurada con la finalidad de cometer acciones terroristas. Por lo tanto, considera que el Tribunal Supremo debe examinar esta posibilidad y llevar a cabo el enjuiciamiento correspondiente.