En un acontecimiento que ha agitado el escenario político de Portugal, el Parlamento ha dado luz verde a una controvertida enmienda al Código Penal. Esta nueva legislación, aprobada el martes, contempla la pérdida de la nacionalidad portuguesa como una pena accesoria para aquellos condenados por delitos graves. La iniciativa, impulsada principalmente por la coalición del Partido Socialdemócrata (PSD) y el CDS-Partido Popular, ha contado también con el respaldo de las formaciones ultraderechistas Chega y Iniciativa Liberal.

La votación resultó en 157 votos a favor y solo 64 en contra, estableciendo así una sólida mayoría de dos tercios, aunque solo requerían la mayoría absoluta. Esta nueva norma otorga a los jueces el poder de despojar a un individuo de su nacionalidad si ha sido condenado a una pena de prisión de cuatro años o más. La medida ha sido objeto de debate, dado su impacto potencial sobre los derechos de los ciudadanos y la naturaleza del sistema penal.

Un aspecto particularmente significativo de esta legislación es que se aplicará únicamente a delitos cometidos dentro de la década posterior a la adquisición de la nacionalidad y exclusivamente si el individuo ya posee otra nacionalidad. Esta cláusula busca prevenir la posibilidad de creación de apátridas, un punto que ha sido destacado por críticos de la ley.

Además, la ley estipula que quienes pierdan su nacionalidad como consecuencia de esta medida solo podrán solicitar su restitución una vez transcurridos diez años desde la expiración de sus antecedentes penales. El Partido Socialista ha expresado su preocupación respecto a esta enmienda, sugiriendo que representa una concesión del PSD a los intereses de la extrema derecha, quienes abogaban por una pérdida de nacionalidad más extensa y automática.

Tras la aprobación legislativa, el primer ministro, Luís Montenegro, fue cuestionado sobre la posibilidad de que el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o el Tribunal Constitucional intervinieran para bloquear la ley. Montenegro manifestó su confianza en que la promulgación del decreto se llevará a cabo, argumentando que la aprobación por parte de una amplia mayoría parlamentaria refleja la voluntad del pueblo portugués.

El primer ministro enfatizó la necesidad de legislar para abordar las preocupaciones de los ciudadanos, señalando que su Gobierno se siente comprometido a actuar en consecuencia, independientemente de la composición política del apoyo recibido. Esta decisión ha generado un amplio debate sobre el rumbo que está tomando Portugal en términos de derechos civiles y la influencia de la ultraderecha en la política del país.