La líder del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha advertido a los aliados del PSOE que subestiman el impacto político que podría tener su apoyo a un Gobierno que enfrenta numerosas acusaciones de corrupción. Gamarra considera que esta situación podría resultarles costosa en un futuro próximo.

En sus declaraciones, ha subrayado que es "inaceptable" que una figura como el fiscal general del Estado continúe en su puesto cuando está tan cerca de enfrentarse a un juicio, lo que pone en duda sus capacidades para mantener la imparcialidad necesaria en su cargo.

En Madrid, el 28 de diciembre, Gamarra ha anunciado que el grupo parlamentario del PP volverá a solicitar la comparecencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ante la comisión de investigación del Senado relacionada con el denominado 'caso Koldo'. Según la portavoz popular, es crucial que Torres se presente en la Cámara Alta, pues su condición de exministro debería obligarlo a ofrecer explicaciones claras y concretas.

Gamarra ha manifestado que es necesario que el exministro Torres se explique sobre las informaciones que previamente negó, ahora confirmadas. "Es el momento de que explique lo que está en juego", ha declarado Gamarra durante una entrevista con Europa Press.

Bajo su perspectiva, Torres debería ser interrogado nuevamente por la comisión del Senado, aunque ha expresado dudas sobre si realmente se presentará en esa condición. "¿Quién va a exigirle la dimisión? ¿Pedro Sánchez, quizás?", se cuestionó Gamarra.

La secretaria general del PP también se ha hecho eco de recientes informaciones publicadas que indican que Torres tuvo conversaciones a través de mensajería instantánea con Koldo García, quien había sido asesor del exministro José Luis Ábalos. Estas conversaciones se dieron tras una transacción donde se pagaron doce millones de euros por mascarillas, y además se alegó que el conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, recibía información confidencial del Gobierno canario en tiempo real.

La corrupción, según Gamarra, ha afectado a dos gobiernos autonómicos bajo el liderazgo del PSOE, en particular los de Canarias y Baleares, así como a varios ministerios y al círculo cercano del presidente del Gobierno. En este sentido, ha expresado la posibilidad de que se realicen más comparecencias en la comisión del Senado.

“Estamos considerando nuevas comparecencias. Siempre hemos sido claros en que a medida que surja más información, más explicaciones se requerirán de aquellas personas involucradas”, ha añadido Gamarra.

Asimismo, ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá a la comisión en algún momento del próximo año, aunque no ha especificado la fecha. “Lo que es indiscutible es que en 2025 veremos a Pedro Sánchez compareciendo ante la comisión, pues cada vez está más acorralado y más miembros del PSOE están siendo implicados”, ha aseverado.

Cuando se le preguntó si el PP considera que Sánchez podría terminar en el banquillo, Gamarra fue contundente: “Lo que comenzó como el caso Koldo ha evolucionado a ser el caso PSOE y el caso Sánchez”.

“Lo que creíamos que no sucedería, está ocurriendo. Por lo tanto, el futuro de Pedro Sánchez ante las investigaciones judiciales es incierto”, aseguró Gamarra, añadiendo que “la justicia no es benigna con quienes transgreden el Estado de Derecho”.

Sobre la hipótesis de que los aliados del PSOE pudieran deshacerse de Sánchez debido a las comprometedoras informaciones, Gamarra señaló que su apoyo obedece a que les conviene, dado el estado de “inestabilidad y debilidad” del presidente.

“Sin embargo, si creen que respaldar a un Gobierno rodeado de escándalos de corrupción no tendrá repercusiones, se están engañando a sí mismos. Ellos también se convertirán en cómplices de la corrupción que están encubriendo”, advirtió.

Gamarra también sostuvo que el PP continuará señalando a los culpables directos de la corrupción, así como a aquellos que eligen ignorar las situaciones y permiten a los implicados seguir en el Gobierno.

A raíz de la citación como testigos de la fiscal superior de Madrid y el responsable del caso relacionado con el novio de Isabel Díaz Ayuso, Gamarra calificó de “inadmisible” que Álvaro García Ortiz siga siendo el fiscal general del Estado mientras está bajo investigación por el Tribunal Supremo.

Para Gamarra, la permanencia de García Ortiz en su puesto pone en jaque la imparcialidad y autonomía necesarias en la Fiscalía General del Estado, asegurando que su papel debe ser preservar la justicia y no permitir que sus propios actos la comprometan.

Finalmente, Gamarra destacó que en España la justicia debe ser igual para todos, a pesar de que Pedro Sánchez actúe como si estuviera por encima de la ley y pudiera proteger a aquellos que él designa. “No hay en el mundo una democracia donde un fiscal general investigado por el Tribunal Supremo permanezca en su cargo con el respaldo del presidente”, concluyó, subrayando el deterioro de la calidad democrática bajo el mandato de Sánchez.