MADRID, 27 de octubre.

En un contexto de creciente atención sobre la transparencia en instituciones públicas, el Partido Popular (PP) ha solicitado que Correos implemente una regulación interna que aborde de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan afectar a su personal directivo. Esta demanda surge tras la reciente dimisión de Arturo Crespo Arranz, exjefe de seguridad de la empresa estatal, en medio de un escándalo relacionado con este tipo de situaciones.

La renuncia de Crespo Arranz se produce en un momento delicado, días después de que se hiciera pública la anulación de un contrato de más de diez millones de euros que unía a la entidad postal con la empresa Trablisa. Este contrato había sido evaluado por un subordinado de Crespo Arranz, quien previamente había trabajado en Trablisa, lo que ha levantado serias sospechas sobre la objetividad del proceso.

En respuesta a cuestiones planteadas por el PP, el Gobierno confirmó que Crespo Arranz dejó su cargo en marzo por razones consideradas "personales". Sin embargo, la correlación entre su dimisión y la anulación del contrato por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales parece ser evidente, ya que dicha decisión se fundamentó en la existencia de un conflicto de intereses no declarado.

La controversia se intensificó tras la adjudicación del contrato, cuando la empresa competidora Sasegur presentó un recurso indicando que existía una relación de interés entre el personal de Trablisa y el departamento dirigido por Crespo Arranz. Este trabajador fue responsable de redactar el informe técnico clave que influyó en la evaluación del contrato en cuestión.

En diciembre de 2024, el Tribunal de Recursos Contractuales falló a favor de Sasegur, señalando que surgió un conflicto de intereses "no declarado" que podría haber afectado el proceso de adjudicación. Esta afirmación del tribunal subrayó las dudas sobre la imparcialidad en el proceso de licitación. Trablisa intentó impugnar esta decisión en abril de 2025, pero su recurso fue desestimado al mes siguiente.

Ante la emergencia de esta situación, el Gobierno se vio obligado a aclarar que una vez identificado el conflicto de interés, se emitieron directrices para incorporar en todos los documentos relacionados con las adjudicaciones un párrafo que establece que los firmantes no están involucrados en conflictos de intereses. Esta medida busca proteger la integridad de futuros procesos de contratación.

En este ambiente de inquietud, los diputados del PP, Celso Delgado y Jaime de Olano, han intensificado su presión a través de una serie de preguntas parlamentarias. A través de estos interrogantes, buscan determinar si Correos cuenta con alguna normativa interna sobre conflictos de interés aplicable a altos directivos y otras áreas relevantes de la empresa.

Además, el Grupo Popular se interesa por conocer si alguna dirección de Correos ha estado involucrada en conflictos de intereses en los últimos dos años. También exigen información sobre el futuro del contrato que fue cancelado a Trablisa y si existen planes para una nueva licitación.