El pasado 24 de noviembre, el Partido Popular (PP) presentó una serie de propuestas en el Congreso de los Diputados que buscan instar al Gobierno a adoptar medidas concretas y urgentes en aras de fortalecer el Estado de Derecho en España. Entre estas iniciativas se encuentran la implementación de una estrategia anticorrupción, una revisión del sistema de elección del fiscal general del Estado y la regulación de los lobbies, todo ello en respuesta a las recomendaciones contenidas en el reciente informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho.

La propuesta no de ley, que el PP aspira a discutir en el Pleno del Congreso, subraya la necesidad de mejora del marco jurídico español para garantizar que se cumpla con los estándares europeos. El informe de la Comisión ha puesto de manifiesto que el Estado de Derecho en España tiene "un amplio margen de mejora", lo que ha llevado al Grupo Popular a actuar enérgicamente ante esta crítica.

El diagnóstico presentado por el Grupo Popular identifica múltiples problemáticas que requieren atención urgente. Entre ellas, destacan la falta de independencia judicial, las carencias en la lucha contra la corrupción, las limitaciones a la libertad de prensa, el complicado acceso a la información, y una débil capacidad para abordar los conflictos de interés. Además, se señala la carencia de avances en la regulación de los grupos de interés y el respeto deficiente a los procesos parlamentarios, junto con el abuso de los decretos y una notable erosión de las instituciones democráticas.

El informe también manifiesta con preocupación que aún no se ha desarrollado una estrategia integral para la prevención de la corrupción, algo que, según la legislación vigente, debería ser una prioridad. Las deficiencias señaladas no solo impactan en la economía y la seguridad del país, sino que además socavan la justicia y destruyen la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones democráticas.

Para responder a estas necesidades y cumplir con las exigencias europeas, el Grupo Popular plantea como primera medida la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Este ajuste debería alinear los requisitos de elección y los periodos de mandato del fiscal general con las normas europeas que garantizan la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal.

Además, los populares demandan aumentar las sanciones para los delitos de malversación de fondos públicos y solicita de manera urgente la adopción de una estrategia nacional para prevenir y combatir la corrupción. Proponen también la creación de un proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, así como una legislación sobre Información Clasificada que contemple las directrices europeas sobre acceso a documentos oficiales.

Por último, el PP insta a realizar una revisión crítica del uso excesivo del procedimiento de urgencia en la elaboración de las leyes y a erradicar la práctica del abuso de reales decretos-leyes. También se hace un llamado a respetar el marco normativo común aplicable a los servicios de medios de comunicación dentro del mercado interior europeo, destacando la necesidad de asegurar un entorno informativo plural y accesible para todos los ciudadanos.