El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Josep Escandell, ha advertido sobre la inminente y compleja contienda que se avecina en torno a las directrices y normativas que provienen de la Unión Europea, especialmente a raíz de la reciente decisión del Comité Permanente del Convenio de Berna de respaldar la reducción de las regulaciones sobre la gestión del lobo. En este contexto, Escandell ha declarado que sería “coherente” que el Gobierno español reconsiderara la estatus de protección del lobo en nuestro país.

En una entrevista concedida a Europa Press, Escandell subrayó que en 2021, cuando se incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), uno de los principales argumentos fue la necesidad de igualar su estado de protección con el de otras regiones de Europa. "Sería un ejercicio de coherencia asumir dicha equiparación en un sentido inverso", aseguró, abogando por un enfoque alineado con la realidad europea actual.

El ajuste en las normas del Convenio de Berna se implementará el 7 de marzo de 2025, momento en el cual se espera que la Comisión Europea acometa la revisión de la Directiva Hábitats. Escandell ha dejado claro que la cuestión no radica en poner en tela de juicio las reglas existentes, sino más bien en “aceptar” aquellas que han sido establecidas y consensuadas por los ciudadanos europeos, catalogando al lobo en consonancia con su estado de conservación.

“Esto no es un capricho. Las Directivas deben sustentarse en motivaciones técnicas y científicas y deben aplicarse de manera uniforme bajo circunstancias similares,” reiteró el presidente de la RFEC, enfatizando la importancia de seguir criterios basados en la evidencia.

Respecto a la posible solicitud al Gobierno para que evalúe la retirada del lobo del LESPRE debido a los cambios en la normativa europea, Escandell ha mencionado que, aunque la responsabilidad última de actualizar los censos de lobos recae en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), existen numerosos informes “fiables” que apoyan esa necesidad. Entre ellos, destaca el estudio titulado 'El lobo ibérico en España: poblaciones y efectos en la ganadería', realizado por la Fundación Artemisan en 2023, que reporta un aumento del 26% en la población de lobos desde el censo de 2014, estimando alrededor de 2.800 ejemplares en el país.

Asimismo, Escandell ha criticado las “directrices de inclusión” como las establecidas en la Resolución de 6 de marzo de 2017, que fijan criterios para la inclusión de especies en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, sugiriendo que tales criterios tienden a operar bajo un “principio de precaución” que obstaculiza la gestión adecuada del lobo.

Recordó también que la misma orden que llevó al lobo a ser incluida en el LESPRE permite la captura y extracción de ejemplares siempre que haya una justificación adecuada, lo que incluye la situación de que “todas las medidas de prevención hayan sido ineficaces y que haya evidencia de daños recurrentes en la actividad ganadera.” Escandell subrayó que se han destinado cuatro millones de euros en medidas preventivas, a pesar de lo cual se han registrado 8.000 ataques a ganado extensivo en los últimos años, además de otros 3,5 millones destinados a compensar daños, lo cual demuestra que las estrategias preventivas han fracasado, abriendo la puerta a la realización de capturas excepcionales.

En su análisis más amplio, Escandell lamentó que el lobo se haya convertido en un “emblema político e ideológico”, lo que podría llevar a los gobernantes a desconectarse de las realidades y desafíos que enfrentan aquellos que habitan en el medio rural. Según su opinión, los ciudadanos a menudo son los principales afectados en estas controversias, en particular dado que estas políticas impactan directamente en un sector primario ya debilitado, que carece de la misma capacidad de influencia que otros sectores más poderosos.

“Es urgente retomar un enfoque objetivo, fundamentado en la ciencia y los datos,” remarcó, enfatizando el compromiso de la RFEC de trabajar en esta dirección.

De cara al futuro, el líder de la RFEC no anticipa que la Unión Europea vaya a adoptar un enfoque más restrictivo hacia el sector cinegético. En este sentido, confía en que el año 2025 pueda traer buenas noticias, como la reintroducción de la caza de la tórtola europea mediante un plan de caza adaptativa. También mencionó que en su última reunión con la Comisión Europea se abordó la posible reapertura de la práctica del silvestrismo.

“Estos son asuntos en los que estamos trabajando constantemente para asegurar que el criterio técnico prevalezca sobre el ideológico en las decisiones de las instituciones europeas,” destacó Escandell.

Para los próximos meses, considera prioritarios todos los temas relacionados con el sector. Reconoce que los “enemigos” del mismo adoptan una estrategia de desgaste, atacando cuestiones que pueden parecer mínimas o marginales en el ámbito cinegético.

Por esta razón, afirmó que la consigna de la federación es “defender con uñas y dientes todas las disciplinas y modalidades” de caza que están bajo su protección. Aún así, no duda en prever una “férrea lucha” por todas las directrices y regulaciones que provengan de Europa, destacando su impacto y alcance global.

En resumen, Escandell aboga porque cada cazador pueda sentirse identificado y representado por la labor y los principios de la RFEC. En este marco, recalcó que “la unión y el número” de sus afiliados son fundamentales para ejercer la influencia necesaria que asegure el futuro de la caza en España.

Finalmente, el presidente de la RFEC concluyó que aún queda mucho trabajo por hacer en términos de comunicación social. Es esencial, argue, mostrar a la ciudadanía la “realidad” de la caza, tanto desde el prisma ambiental como desde el ecosistémico, para así poder construir un entendimiento más informado y equilibrado sobre esta práctica en la sociedad actual.