SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 de enero.

El Grupo Parlamentario Socialista ha dado un paso importante en el Parlamento de Galicia al presentar una moción que busca exigir a la Xunta más claridad respecto a las contrataciones realizadas con el despacho Equipo Económico. Este grupo de consultoría ha estado en el foco de la controversia, dado que fue fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, quien actualmente enfrenta investigaciones penales por posibles delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

La diputada socialista Patricia Iglesias ha indicado en un comunicado que, entre los años 2009 y 2011, bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, la Xunta llevó a cabo un total de 13 contratos con este despacho, por un monto agregado de 172.838 euros. Sin embargo, hasta ahora, no se ha proporcionado información clara y verificable sobre el contenido y la justificación de estos contratos.

Tras revisar los expedientes de contratación el pasado 12 de septiembre, Iglesias ha señalado que el Grupo Socialista ha encontrado irregularidades graves. Entre ellas, la presencia de informes que solo son borradores sin firma ni fecha, y documentos sin la debida identificación del personal responsable. Además, algunos materiales simplemente repiten la normativa fiscal estatal, sin consideración a las competencias de la comunidad autónoma.

Una de las piezas más preocupantes que han encontrado es un archivo en formato PowerPoint relacionado con la fusión de las cajas gallegas, el cual, según Iglesias, "no contiene conclusiones técnicas ni recomendaciones finales". Este documento, apunta, fue usado para respaldar una de las decisiones económicas más significativas en la historia reciente de Galicia.

El mismo día de la revisión, el Grupo Socialista solicitó formalmente copias integrales de todos los contratos menores otorgados a Equipo Económico, así como de los informes finales correspondientes. Sin embargo, hasta la fecha, dicha documentación no ha sido proporcionada, lo que va en contra de los principios de transparencia y control democrático que deberían regir la acción del gobierno.

Ante esta situación, la propuesta de los socialistas exige a la Xunta que entregue inmediatamente toda la documentación pendiente, aclare los criterios utilizados para conceder contratos de forma reiterada al mismo despacho y revise sus procedimientos internos de contratación. En particular, se busca garantizar la trazabilidad documental, evitar la fragmentación inapropiada y fortalecer los mecanismos de control y supervisión en este ámbito.