En un giro significativo de los acontecimientos que se desarrolla en el ámbito político español, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid un informe detallado en el que reconoce haber realizado un desembolso de 15.612,04 euros brutos a Leire Díez, una exmilitante y periodista, por su labor en el PSOE de Cantabria durante 2017.

A pesar de este reconocimiento, el partido ha aclarado que Díez no tenía una relación laboral formal con ellos ni desempeñó roles orgánicos dentro del partido. Sin embargo, se destaca su período como concejal en el Ayuntamiento de Vega del Pas, donde formó parte del Grupo Municipal Socialista entre los años 2011 y 2015.

Los documentos que han sido objeto de esta declaración indican que Díez se afilió al PSOE el 18 de abril de 2006, inicialmente en la agrupación de Portugalete, y posteriormente en la de Vega del Pas, manteniendo su afiliación hasta el 4 de junio de 2025.

El juez ha requerido al PSOE que aclare el estatus de Díez dentro del partido, solicitando detalles sobre su fecha de ingreso y salida, así como si realizó actividades significativas durante su afiliación y si recibió compensación económica en virtud de estas labores.

Además, se ha solicitado a la Comisaría General de Policía Científica que mejore la calidad de una grabación entregada por el fiscal Ignacio Stampa, relacionada con una reunión que tuvo lugar con Díez, indicando que, de no ser posible la mejora, se proceda a transcribir el contenido de dicha grabación.

En un contexto relacionado, el juez también ha exigido aclaraciones sobre una grabación de una reunión con Alejandro Hamlyn, que está siendo investigado por un caso de hidrocarburos, preguntando si la grabación fue hecha por uno de los presentes o por un tercero.

Recientemente, la exmilitante Leire Díez y Vicente Fernández, exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), fueron detenidos por la Guardia Civil bajo sospechas de irregularidades en contratos públicos, como parte de una operación dirigida por la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que maneja el magistrado Antonio Piña, actualmente bajo secreto de sumario y que cuenta con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.

Leire Díez se encuentra también bajo investigación por posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho. El pasado 11 de noviembre, el juez la interrogó sobre su supuesta oferta de favores a cambio de información que podría comprometer a miembros de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.

Según el juez, Díez estaría "liderando" un grupo que coordina acciones delictivas junto a otros implicados, incluyendo al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol, con el fin de obtener información que podría poner en peligro investigaciones relevantes que involucran a políticos y empresarios.

En declaraciones recientes, Díez reconoció haber mantenido dos reuniones con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, aclarando que su participación fue en calidad de periodista y que no tiene vínculos activos con el partido ni ofreció favores.

El camino laboral de Díez ha sido amplio; en 2018 se unió a la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), una entidad pública bajo la SEPI, donde fue seleccionada como "técnico de comunicación", puesto que ocupó hasta 2021, cuando decidió tomar una excedencia voluntaria para desempeñar un nuevo rol en Correos.

Tras su arresto, el juez Antonio Piña decidió liberar a Leire Díez y a Vicente Fernández con medidas cautelares, que incluyen la retención de sus pasaportes y la obligación de comparecer ante el tribunal cada dos semanas.

Como parte de las medidas cautelares, recientemente se ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Díez, Fernández y Antxon Alonso, en el marco de una investigación sobre una supuesta red de comisiones ilegales en relación con contratos y ayudas públicas.

Las indagaciones, lideradas por la Fiscalía Anticorrupción, buscan esclarecer delitos como la prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, en un caso donde se estima que el grupo autodenominado "Hirurok" estuvo implicado en el desvío de fondos públicos aprovechándose de su influencia en la administración.