MADRID, 30 de diciembre.

En un movimiento inesperado que marca un nuevo capítulo en la relación entre las dos cámaras del Parlamento español, el Senado ha elevado un conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional (TC) en relación con el Congreso de los Diputados. Esta acción se produce después de que el Congreso enviara a publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una ley que facilitaría la conmutación de penas para presos de ETA que han cumplido sus condenas en el extranjero.

La ley en cuestión, respaldada en noviembre por una mayoría absoluta del Partido Popular (PP) en el Senado, ha alterado la dinámica entre los legisladores, desencadenando un claro enfrentamiento institucional. Esta información ha sido adelantada por 'El Confidencial' y confirmada a Europa Press por diversas fuentes legales.

El Congreso, que había aprobado inicialmente esta normativa de manera unánime, se refirió a ella como una ley sobre el intercambio de información de antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales penales en el ámbito de la Unión Europea. Sin embargo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) alertó sobre las implicaciones de la legislación, afirmando que, tras su aprobación por parte del Congreso, también beneficiaría a los presos etarras, lo que causó que tanto el PP como Vox retiraran su apoyo durante la última fase de debate en el Senado.

La interpretación del grupo mayoritario del PP en la Cámara Alta, junto con un informe de la Secretaría General, llevó a la conclusión de que el rechazo a la ley debió considerarse como un veto, a pesar de que no se había presentado una enmienda a la totalidad por parte de ningún grupo parlamentario antes de este momento.

El grupo del PP en el Senado no escatimó esfuerzos al solicitar, en múltiples ocasiones, a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que sometiera nuevamente la ley a votación en la Cámara Baja. Ante la negativa de Armengol, los 'populares' advirtieron que impugnarían el conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional si su exigencia no era atendida.

En respuesta, la mayoría que forman el PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso reafirmó su postura, sosteniendo que la ley ya había sido aprobada y criticando al Senado por no respetar los plazos establecidos para el veto de la normativa. Este incidente ha puesto de manifiesto las tensiones persistentes entre ambas instituciones en un contexto político cada vez más polarizado.

Cabe destacar que este no es el primer incidente en el que el PP ha decidido llevar el asunto de las competencias al extremo del enfrentamiento con el Congreso. Hace unos meses, los 'populares' también exploraron una vía similar en relación a la recientemente aprobada Ley de Amnistía, aunque finalmente decidieron no presentar un conflicto ante el Constitucional en esa ocasión.