En un notable desarrollo del conocido 'caso Koldo', el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha tomado una decisión que ha sido objeto de controversia. Ha rechazado los recursos interpuestos por diversas acusaciones populares, las cuales habían cuestionado su determinación de unificar las siete demandas existentes y asignar al Partido Popular (PP) la dirección letrada de manera predominante al ser el primero en personarse en la causa. Puente ha enfatizado en su fallo que estas agrupaciones tuvieron la oportunidad de escoger a su representante legal, pero no lograron llegar a un consenso.

En un auto difundido por Europa Press, el juez desestima de manera puntual los recursos presentados por entidades como Vox, Iustitia Europa y otras asociaciones como Abogados Demócratas por Europa (ADADE), Hazte Oír, así como el sindicato Manos Limpias. Con esta decisión, se confirma que las siete acusaciones populares permanecerán unidas bajo la dirección del PP, lo que suscita interrogantes sobre la representación adecuada de los diversos intereses en juego.

El magistrado argumentó que la unificación se estableció con la intención de evitar la proliferación de recursos y pretensiones que, aunque legítimas, resultarían indistinguibles y, por ende, crearían una dilación indebida en el proceso. "Es mi deber procurar un beneficio que deberá ser para todos los involucrados, tanto acusadores como investigados", subrayó Puente.

Además, el juez rebajó la insistencia de los recurrentes, señalando que su interpretación de la resolución es profundamente errónea. “No hemos determinado que el PP sea la única acusación en este procedimiento, ni hemos excluido a los demás”, enfatizó, recordando que ofreció la posibilidad de que las acusaciones se pusieran de acuerdo para elegir un abogado y procurador en común, una opción que no prosperó.

Como una de las razones detrás de su decisión, Puente se refiere a la necesidad de evitar la acumulación de recursos en su sentencia, cuyo manejo se debería encuadrar dentro de un contexto más amplio. "La recopilación de estas demandas, aunque válidas individualmente, constituye una disfuncionalidad para el buen orden del proceso", explicó, reiterando la potencialidad de dilaciones en el trámite judicial en caso de que las reclamaciones continuaran dispersas.

A su vez, el juez refutó la acusación de que su decisión proviene de una búsqueda de comodidad personal, como sugirió uno de los grupos recurrentes. Explicó que, a pesar de los avances tecnológicos, aún enfrenta limitaciones en su capacidad para manejar múltiples lecturas simultáneamente. “El tiempo de trabajo es finito, y priorizar entre un depósito de textos es un ejercicio que, si se hace de manera reiterada, pondría en riesgo la tramitación general del caso”, declaró Puente.

En conclusión, el magistrado enfatizó que preparar una resolución adecuada requiere un tiempo considerable de análisis, y que la repetición de argumentos similares no solo es redundante, sino que obstaculiza el avance del proceso. Con esta decisión, Puente parece apuntar a la necesidad de un manejo más ordenado y eficiente de las demandas en el sistema judicial.