En el contexto del nuevo año, el Tribunal Supremo se enfrenta a una serie de casos que prometen acaparar la atención pública, entre los cuales destaca el proceso judicial contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Esta causa, vinculada a la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis sanitaria, aún está a la espera de una fecha para el juicio.

La sala de apelaciones del Tribunal ha respaldado recientemente la decisión del magistrado Leopoldo Puente, quien ha decidido que tanto Ábalos como Koldo deben enfrentar el juicio desde la prisión, donde se encuentran desde el 27 de noviembre, en un contexto de acusaciones graves por irregularidades administrativas.

Ambos imputados han presentado recursos contra su procesamiento, pero el alto tribunal ha desechado tales apelaciones, argumentando que las pruebas existentes son suficientes y que sus intentos de prolongar el proceso no alterarán el sólido caso en su contra.

Las penas solicitadas son severas: 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Además, tras una presión política notable, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, exigen incluso más tiempo tras las rejas, con 30 años para ambos imputados principales y la misma duración para el empresario involucrado.

De cara al juicio, Ábalos ha solicitado ser juzgado por un jurado popular, integrado por ciudadanos, en vez de un tribunal compuesto únicamente por magistrados, lo que añade un matiz de interés público al proceso.

No obstante, este caso de las mascarillas no es el único problema legal al que se enfrenta el exministro. Se encuentra también bajo investigación por otra arista de lo que se conoció como el 'caso Koldo', donde se indaga sobre una supuesta trama de corrupción relacionada con la obtención de comisiones a cambio de contratos públicos. En este asunto, Koldo y otro exdirigente socialista, Santos Cerdán, también están involucrados.

La investigación en esta segunda pieza del caso está activa, y el magistrado instructor espera recibir informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para avanzar en su labor de investigación.

Otros casos que seguirán en curso en el Tribunal Supremo incluyen las múltiples acusaciones que enfrenta el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, que ya ha comparecido en tres de las cuatro causas abiertas en su contra, mientras se gestionan los trámites necesarios para su posible imputación formal en el Parlamento Europeo.

En particular, 'Alvise' está involucrado en un escándalo de financiación irregular de su partido, SALF; la elaboración y difusión de información falsa sobre un test PCR del actual presidente catalán, Salvador Illa; así como la denuncia de acoso a la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia.

Además, el Tribunal contempla las quejas de acoso y revelación de secretos relacionadas con dos eurodiputados que se presentaron a las elecciones europeas de 2024, quienes han decidido llevarlo a los tribunales. El Supremo ha ofrecido a 'Alvise' la oportunidad de declarar voluntariamente y ha convocado a los querellantes para el 19 de enero.

En otro ámbito legal, el Tribunal Supremo se prepara para abordar la reciente condena de inhabilitación de dos años impuesta al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien podría presentar un incidente de nulidad contra la sentencia, lo que también requeriría la atención del alto tribunal.

Asimismo, el Tribunal Constitucional enfrenta una serie de recursos presentados por condenados en relación con el 'procés', cuestionando la decisión del Supremo de no concederles amnistía por malversación. Entre ellos, el ex presidente catalán Carles Puigdemont ha solicitado la suspensión de la orden de detención vigente en su contra, mientras que otros líderes independentistas, como Oriol Junqueras y Jordi Turull, también buscan protección legal.

Finalmente, el TC se halla en la encrucijada de renovar a cuatro de sus magistrados, incluido su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Este proceso de renovación enfrenta dificultades dado el estancamiento en las negociaciones entre los partidos políticos, lo que podría llevar a una postergación prolongada, afectando la dinámica y la eficacia del tribunal en su labor judicial.