En un giro de acontecimientos que pone de relieve las tensiones existentes en el ámbito judicial y político de España, el Tribunal Supremo (TS) ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice esfuerzos para recuperar los mensajes de texto del teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta acción se enmarca dentro de la investigación que se sigue en relación a una presunta filtración de información sobre Alberto González Amador, quien mantiene una relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según se ha dado a conocer a través de un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez encargado del caso, Ángel Hurtado, ha instado a la UCO a que evalúe la viabilidad de recuperar el contenido de las aplicaciones de mensajería instantánea vinculadas al número de teléfono de García Ortiz. Esta solicitud se enmarca en un contexto de creciente interés por esclarecer las vínculos entre las instituciones y las recientes filtraciones que han alterado la dinámica política en la comunidad madrileña.

Es notable recordar que, tras un examinado el contenido del dispositivo móvil confiscado a García Ortiz, la UCO reportó haber encontrado “0 mensajes”. Este dato resulta llamativo si se compara con el análisis realizado en el teléfono de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en el que se identificó un intercambio de mensajes relevantes entre el 8 y el 14 de marzo, días críticos en la investigación por la posible filtración de información.

Fuentes fiscales consultadas en su momento, y que fueron citadas por Europa Press, admitieron que García Ortiz había eliminado algunos mensajes en relación a ese periodo. Sin embargo, enfatizaron que el borrado no fue intencionado ni específico con respecto a esos mensajes, sino parte de un protocolo de eliminación cíclica que se realiza en todos los dispositivos de la Fiscalía General del Estado, como una medida de protección de datos y seguridad.

Las indagaciones judiciales se iniciaron tras una querella presentada por el compañero de Díaz Ayuso, enfocada en un comunicado emitido por la Fiscalía de Madrid a las 10:20 horas del 14 de marzo, en el que se mencionaba un intercambio de correos entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto, encargado de investigar ciertas irregularidades fiscales vinculadas a él.

El Ministerio Público se vio obligado a emitir este comunicado para desmentir lo que consideraba un “bulo”, sugiriendo que una noticia de 'El Mundo', publicada la noche anterior, era incorrecta al afirmar que había sido el fiscal quien había propuesto un pacto a González Amador, cuando en realidad fue al revés. Este intercambio de versiones resalta la complejidad de la situación y la lucha por el manejo de la información.

A pesar de las controversias, el Tribunal Supremo, al abrir el caso el 16 de octubre, decidió no considerar como delito la difusión del comunicado por parte de la Fiscalía, argumentando que la información contenida en él ya había sido publicada por otros medios horas antes. En cambio, el foco se ha centrado en la filtración de los correos electrónicos que ocurrieron la noche del 13 de marzo, un aspecto que continúa generando interés y debate en el ámbito público.

Además, se debe tener en cuenta que la UCO, en el informe relativo al análisis del teléfono de Rodríguez, acusó a la Fiscalía de estar involucrada en la filtración de la noticia que apuntaba a la existencia de una investigación contra González Amador por presuntos delitos fiscales, información que saltó a la luz pública a través de eldiario.es en la mañana del 12 de marzo. Este desarrollo pone de manifiesto la delicada intersección entre las acciones de las autoridades y la transparencia en el manejo de información sensible en el entorno político actual.