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El TC reduce la condena por malversación en el caso de los 'ERE' al exconsejero Antonio Fernández.

El TC reduce la condena por malversación en el caso de los 'ERE' al exconsejero Antonio Fernández.

El Tribunal Constitucional ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que emita una nueva sentencia en el caso de los ERE, exonerando parte de la malversación por la que fue condenado el exconsejero de Empleo de Andalucía, Antonio Fernández. Esta decisión ha sido tomada por siete votos a favor y cuatro en contra en el Pleno del TC, anulando la condena y reduciendo la pena de prisión para Fernández.

El tribunal considera que se vulneró parcialmente su derecho a la legalidad penal, pero descarta que se hayan violado sus derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

La Audiencia de Sevilla deberá redactar un nuevo fallo centrado exclusivamente en la posible comisión de un delito de malversación en las modificaciones presupuestarias de 2000-2001 y en las disposiciones de fondos del programa 3.1 L realizadas sin cumplir su fin público, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

A pesar de haber sido condenado a 7 años y 11 meses de prisión, el exconsejero de Empleo verá reducida su condena debido a esta resolución del TC. Se le exonerará de parte de la malversación, pero se mantienen otros cargos relacionados con las modificaciones presupuestarias realizadas durante su gestión.

El tribunal ha dejado claro que los actos de presupuestación y gestión realizados por Fernández en los años 2000 y 2001, así como las disposiciones de fondos en el periodo entre 2002 y 2009, sin cumplir con su fin público, no están cubiertos por esta exoneración parcial.

En anteriores sentencias relacionadas con el 'caso de los ERE', el Constitucional ha establecido que los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos no están sujetos a control jurisdiccional. Argumenta que estos actos son competencia del Poder Ejecutivo y que modificar las leyes existentes forma parte del proceso legislativo normal.

Con esta nueva decisión, el exconsejero de Empleo de Andalucía podrá ver reducida su pena de prisión, pero deberá enfrentarse a otras acusaciones pendientes en relación con el mal uso de fondos públicos durante su gestión.