En un desarrollo significativo que refleja las tensiones políticas en Israel, el Tribunal Supremo del país ha ratificado este jueves una ley polémica que permite al ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, establecer las directrices generales para las investigaciones policiales. Sin embargo, esta decisión también ha significado un regreso a los límites de autoridad, ya que la corte desestimó partes del texto que el ultranacionalista había ideado para aumentar su control sobre las fuerzas de seguridad.

El fallo, que se ha presentado con una votación ajustada de cinco a cuatro, establece que Ben Gvir podrá fijar “prioridades fundamentales” dentro de las investigaciones policiales. No obstante, esto no le otorgará una “autoridad general” sobre la Policía, un aspecto que fue objeto de críticas y preocupaciones entre los detractores de la medida. Este dato ha sido reportado por el diario 'The Times of Israel'.

El Tribunal también ha rechazado varios elementos del proyecto de ley que permitirían al ministro "delinear las políticas y principios de las operaciones policiales”, abarcando aspectos como prioridades, programas y lineamientos generales. Este tipo de restricciones representa un intento de la Justicia israelí por mantener un sistema de equilibrios en un contexto donde el gobierno de extrema derecha busca ampliar su influencia sobre diversas instituciones del Estado.

Esta decisión se suma a una serie de enfrentamientos entre la judicatura israelí y el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, cuya insistencia en avanzar una reforma judicial ha desatado una crisis política interna. Los proyectos de Netanyahu han sido interpretados por muchos como un intento de subordinar a las instituciones judiciales en favor de una agenda política más agresiva.

Por su parte, Ben Gvir ha expresado su descontento ante el fallo del tribunal, argumentando que esta decisión "priva a los ministros de su autoridad". En sus declaraciones, el político manifestó que "la justicia vuelve a dar la espalda a la población y a la voluntad de los votantes", insinuando que la corte ignora el mandato democrático que le otorgan sus electores.

“La grave decisión adoptada por el Supremo deja el poder en manos de la Fiscalía y coloca a la fiscal general por encima de la Policía”, continuó Ben Gvir. “En un Estado democrático, corresponde a los ministros definir las políticas que regulan el comportamiento policial, pero parece que esto no es del interés del Tribunal Supremo”, concluyó, subrayando las fricciones que caracterizan el entorno político actual en Israel.