El Tribunal Supremo se prepara para llevar a cabo una importante revisión judicial este jueves, donde se abordarán los recursos presentados por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Ambos buscan evitar la prisión provisional en un contexto marcado por las denuncias de presuntas irregularidades relacionadas con la compra de mascarillas en plena pandemia.

La Sala de lo Penal programó dos audiencias para discutir los casos de Ábalos y García. La cita para el exministro está fijada a las 10:30 de la mañana, y media hora después se revisará la situación de Koldo García.

En el caso de Ábalos, su exabogado, Carlos Bautista, quien abandonó la defensa por diferencias contractuales, deberá asistir a la vista, a menos que solicite la suspensión del mismo. La decisión de remitir a ambos a prisión provisional fue emitida el 27 de noviembre por el juez a cargo del caso, Leopoldo Puente, al considerar un “riesgo extremo” de fuga.

Desde su defensa, Ábalos alega que el magistrado fundamentó su decisión en "vaguedades y excusas procesales", lo que, a su juicio, constituye un uso desmedido del derecho. En este sentido, los abogados insisten en que no hay motivos sólidos para temer una fuga, y critican que la prisión provisional se haya utilizado con un objetivo que podría ser interpretado como coercitivo, similar al caso de otro investigado, el empresario Víctor de Aldama.

La defensa subraya la existencia de vínculos laborales y familiares que hacen insostenible el argumento del riesgo de fuga, resaltando que Ábalos tiene a su cargo un hijo menor durante los fines de semana y reside de manera estable en España, circunstancias que debería tener en cuenta la Justicia.

Argumentan que la detención cautelar es una medida excepcional, y que recurrir a ella bajo premisas tan débiles no respeta la Constitución española. Además, sostienen que alejarse de criterios racionales en la toma de decisiones judiciales puede conducir a un uso indebido del derecho.

Koldo García también se encuentra en la misma situación, solicitando al Supremo su liberación y ofreciendo pagar una fianza. Su defensa sostiene que su aumento patrimonial es completamente justificable y critica que el auto de prisión provisional acepte las afirmaciones de la acusación sin revisar adecuadamente los hechos y su contexto.

Además, el exasesor afirma que no hay riesgo de que obstaculice la investigación, ya que todas las pruebas han sido recopiladas. Insiste en que los delitos que se le imputan están vinculados a un periodo específico en el que ejercía como asesor, lo que descarta la posibilidad de reiteración delictiva.

La defensa de García pone en duda las afirmaciones de la acusación sobre una gran suma de dinero no documentada y recalca que los gastos adelantados al exministro fueron devueltos mediante transferencias bancarias, lo cual complica cualquier alegato sobre un manejo indebido de fondos.

Por otro lado, se subraya que el esfuerzo económico real por parte de Koldo y su expareja Uriz ha sido justificado adecuadamente, y que el capital que necesitan justificar de origen es considerablemente menor al que se menciona en los cargos.

Koldo destaca su arraigo familiar, viviendo con su hija de cinco años y cuidando a su madre, lo que debería considerarse un elemento fundamental a la hora de evaluar el riesgo de fuga.

La Fiscalía ha solicitado penas severas tanto para Ábalos como para Koldo, estableciendo 24 años y 19 años y medio respectivamente. Mientras tanto, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, demandan incluso penas más altas para ambos, alineándose con la postura del Ministerio Público en el caso de Aldama.